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La administración Trump anunció una política que permite a empresas privadas que cumplan condiciones específicas realizar operaciones de vigilancia y ataques disruptivos contra bandas criminales y piratas informáticos internacionales, en el marco de un programa gestionado por el gobierno federal. El mecanismo aún no ha entrado plenamente en funcionamiento y podría enfrentar desafíos legales y preocupaciones diplomáticas y de seguridad.