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El artículo analiza el proyecto de ley BAAJA, que busca acelerar los permisos para líneas eléctricas, proyectos energéticos y gasoductos, pero estrecha el alcance de algunas revisiones de la NEPA y limita las facultades de los estados y las tribus en cuestiones de calidad del agua. El autor considera que su posible impacto en la red y la energía limpia se ve contrarrestado por el riesgo de consolidar proyectos de combustibles fósiles y reducir la participación de las comunidades locales.