El artículo analiza el proyecto de ley BAAJA, que busca acelerar los permisos para líneas eléctricas, proyectos energéticos y gasoductos, pero estrecha el alcance de algunas revisiones de la NEPA y limita las facultades de los estados y las tribus en cuestiones de calidad del agua. El autor considera que su posible impacto en la red y la energía limpia se ve contrarrestado por el riesgo de consolidar proyectos de combustibles fósiles y reducir la participación de las comunidades locales.
El Senado estadounidense debate el proyecto de ley «Ley Bipartidista Estadounidense de Asequibilidad y Empleos» (Bipartisan American Affordability and Jobs Act), conocido por sus siglas BAAJA, como un intento de reformular la manera en que se conceden permisos para proyectos energéticos y de infraestructura. El proyecto aún no se ha convertido en ley y se prevé que no se someta a votación antes de las elecciones de mitad de mandato, mientras su aprobación sigue dependiendo de que obtenga suficiente apoyo de ambos partidos.
El proyecto busca, según el artículo, que cita a Bloomberg, facilitar la construcción de líneas de transmisión eléctrica de larga distancia, proyectos de energías renovables y gasoductos. El texto tiene 417 páginas, lo que refleja la amplitud de su alcance y la diversidad de intereses que podría afectar, y también significa que sus disposiciones podrían beneficiar a tecnologías y proyectos con objetivos ambientales contrapuestos.
Posibles beneficios para la red y los consumidores
Los partidarios del proyecto se basan en un informe del Center for Climate and Energy Solutions, que estima que reformar los procedimientos de permisos en cuatro regiones que representan aproximadamente la mitad de la demanda eléctrica de Estados Unidos podría reducir los costos de la red en 7.000 millones de dólares, las facturas residenciales de electricidad en 1.100 millones de dólares y los costos de escasez en un 76%. El informe también estima una reducción del 9% de las emisiones del sector eléctrico, o 71 millones de toneladas, únicamente en esas regiones durante 2035, en comparación con un escenario de continuidad de las políticas actuales.
A escala nacional, el informe estima una reducción acumulada de los costos de la red de aproximadamente 125.000 millones de dólares y una disminución de las facturas residenciales de electricidad de unos 19.000 millones de dólares entre 2026 y 2040. Nathaniel Keohane, presidente del centro, afirma que el proyecto podría ser beneficioso en general para la economía, los consumidores y el clima. Rob Gramlich, de Grid Strategies, también considera que una redacción tecnológicamente neutral podría abrir opciones adicionales para los promotores de centros de datos que deseen utilizar energía renovable.
¿Qué cambia en la práctica?
Los detractores del proyecto, entre ellos Bill McKibben y Colin Rees, de Oil Change International, critican la posibilidad de que la reforma se utilice para acelerar proyectos de combustibles fósiles y reducir la capacidad de las comunidades para oponerse. Según lo citado por Heatmap, BAAJA estrecharía la definición de «acciones federales importantes» sujetas a revisión conforme a la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), de modo que quedarían excluidos algunos préstamos federales, programas de subvenciones y reparaciones de infraestructura básica, además de las pruebas de energía geotérmica y algunos permisos para proyectos de transmisión eléctrica y gasoductos dentro de derechos de paso existentes.
El proyecto también codificaría cambios en el artículo 401 de la Ley de Agua Limpia que limitarían las facultades de los estados y las tribus. Se les concedería un plazo máximo de un año para revisar el proyecto, o perderían el derecho a emitir un certificado de calidad del agua. Si el estado o la tribu renunciara al certificado, el Gobierno federal ya no podría realizar posteriormente una revisión independiente de la calidad del agua. En cuanto al rechazo del proyecto o la imposición de condiciones, se exigiría una justificación más sólida, y los estados no podrían basarse en la contaminación atmosférica ni en los efectos climáticos, sino únicamente en la calidad del agua.
La lectura de certi.news
La cuestión real no es acelerar los permisos en sí, sino distribuir la autoridad para aprobar y objetar entre el Gobierno federal, los estados, las tribus y las comunidades locales. Eliminar los cuellos de botella puede ayudar a ampliar la red y conectar proyectos de energía limpia y centros de datos, pero el texto, tal como lo describe la fuente, también podría acelerar proyectos de gas y debilitar las herramientas de revisión ambiental y participación local.
Por ello, el efecto de BAAJA sigue dependiendo de los detalles de su aplicación y del equilibrio político después de las elecciones de mitad de mandato. Las afirmaciones sobre la reducción de costos y emisiones incluidas en el informe siguen siendo estimaciones, no resultados logrados, mientras las organizaciones ambientales advierten que reducir la revisión podría hacer más difícil revertir decisiones futuras. Esta disyuntiva, y no simplemente la rapidez en la emisión de permisos, es el eje del debate al que se enfrentará el proyecto si el Congreso vuelve a discutirlo.