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La ciudad de North Richland Hills, en Texas, solicitó 2,3 millones de dólares para tramitar una petición de registros públicos relacionada con el uso policial del sistema Flock, mientras aumentan las preocupaciones por la vigilancia no autorizada y el acceso a datos sobre los desplazamientos de vehículos. Esto ocurre al mismo tiempo que una sentencia judicial consideró inconstitucional una de las búsquedas realizadas en la base de datos de Flock, aunque la decisión no constituye un precedente vinculante.