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Flock Safety enfrenta acusaciones de varias ciudades estadounidenses por ignorar solicitudes de cancelación de contratos, ya que continuó operando cámaras de vigilancia o las reactivó a pesar de las decisiones municipales de finalizar el servicio.
El director ejecutivo de Flock afirmó que sus micrófonos escuchan únicamente disparos, mientras que los materiales de la empresa indican que también pueden detectar fuegos artificiales, exhibiciones de automóviles y posibles accidentes de tráfico. Esta contradicción reaviva el debate sobre el alcance de la recopilación de audio y la vigilancia comunitaria.
El propietario de una pequeña empresa de Georgia presentó una demanda contra Flock y la oficina del sheriff del condado de Coweta, acusándolas de utilizar un sistema automatizado de reconocimiento de matrículas para vigilarlo sin justificación legal después de una demanda anterior contra la policía. El caso pone de relieve la debilidad de los controles de software que permitieron realizar búsquedas con justificaciones genéricas o absurdas.
Un jurado federal de Texas concedió a Alec Schott 76 dólares después de que el caso concluyera que su detención y el registro de su camioneta se basaron en una alerta de un sistema de lectores automáticos de matrículas, junto con una infracción de tráfico inventada que nunca ocurrió. El caso vuelve a plantear los riesgos de la vigilancia a gran escala y la falta de controles sobre el uso de estos sistemas.
La ciudad de North Richland Hills, en Texas, solicitó 2,3 millones de dólares para tramitar una petición de registros públicos relacionada con el uso policial del sistema Flock, mientras aumentan las preocupaciones por la vigilancia no autorizada y el acceso a datos sobre los desplazamientos de vehículos. Esto ocurre al mismo tiempo que una sentencia judicial consideró inconstitucional una de las búsquedas realizadas en la base de datos de Flock, aunque la decisión no constituye un precedente vinculante.
Un análisis de la EFF sobre los registros de búsqueda en los sistemas de Flock Safety revela que departamentos de policía estadounidenses utilizaron expresiones como «LOL», «idk» y «TBD» para justificar el acceso a datos sobre los desplazamientos de conductores. La organización considera que las nuevas listas predeterminadas no resuelven el problema, porque podrían sustituir la justificación real por una opción meramente formal que no está sujeta a una verificación independiente.
Un informe de la Electronic Frontier Foundation sostiene que dos decisiones en Texas y Florida limitaron la financiación y la instalación de sistemas automatizados de lectura de matrículas, pero que el alcance de las restricciones sigue siendo limitado y no incluye muchas cámaras locales y privadas.
La startup estadounidense Blue Voice ha salido de la fase de sigilo tras recaudar 6 millones de dólares y ofrece una plataforma basada en las leyes y los procedimientos de cada departamento de policía para proporcionar a los agentes orientación inmediata durante su trabajo. La empresa afirma que su herramienta se utiliza a diario en 225 agencias de 25 estados, mientras que la precisión de las decisiones y la supervisión del uso de la inteligencia artificial siguen siendo aspectos de especial importancia.
Flock Safety enfrenta una presión política y pública creciente debido a las preocupaciones por el uso indebido de cámaras de vigilancia, drones y tecnologías de reconocimiento de matrículas. La empresa afirma que redujo el periodo predeterminado de conservación de los datos e impuso un código para acceder a ellos, pero estas medidas aún pueden eludirse.
Más de 1.000 entidades estadounidenses de seguridad pública obtuvieron exenciones de la FAA que allanan el camino para operar drones autónomos en respuesta a llamadas de emergencia, tras la agilización de los procedimientos de aprobación en 2025. La EFF considera que la expansión plantea importantes riesgos para la privacidad, especialmente por el almacenamiento y análisis de las imágenes y su conexión con sistemas de lectura de matrículas.