La ciudad de North Richland Hills, un suburbio de Fort Worth, en el estado de Texas, solicitó el pago de 2,3 millones de dólares antes de tramitar una petición de registros relacionada con el uso policial del sistema Flock, según un informe publicado por Texas Tribune y recogido por Ars Technica. La petición incluye información sobre errores, usos indebidos y la eficacia de la red de cámaras que leen automáticamente las matrículas.
Las autoridades justificaron su estimación afirmando que revisar aproximadamente un terabyte de comunicaciones requeriría cerca de 14 años de trabajo, a una tarifa de 15 dólares por hora. Phil Mynona, quien presentó la petición en nombre de Texas Privacy Coalition utilizando un seudónimo, consideró que las tarifas eran «absurdas» y que, en la práctica, estaban diseñadas para disuadir las solicitudes de búsqueda en los registros públicos.
El costo del acceso a la información es inconsistente
Mynona dijo que había solicitado registros similares a más de 200 organismos encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos, pero que se había encontrado con grandes diferencias en la forma de calcular las tarifas. Algunas ciudades entregaron más de 400.000 páginas de forma gratuita, mientras que otras entidades solicitaron 5.000 dólares. Texas Tribune también informó de que la emisora KPRC, de Houston, recibió una estimación de hasta 121.000 dólares para obtener registros relacionados con el uso de Flock.
Estos registros tienen importancia práctica porque solicitudes de divulgación anteriores ayudaron a poner en marcha auditorías, investigaciones y detenciones, y también llevaron a algunas entidades a reconsiderar el despliegue de cámaras. En Texas, se reveló un uso indebido de cámaras Flock por parte del exagente Zachary Anthony Klein, quien se declaró culpable de 100 cargos penales relacionados con el uso indebido de información oficial. Tras la difusión del caso, el gobernador del estado, Greg Abbott, suspendió la financiación de Flock y detuvo la emisión de permisos relacionados con ella, según el informe.
Una sentencia judicial pone a prueba la legalidad de las búsquedas
Flock defiende sus lectores automáticos de matrículas como herramientas de seguridad pública, y tribunales han considerado en varios casos que el acceso policial a sus bases de datos puede ser compatible con la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, la jueza federal de Oklahoma Sara Hill concluyó recientemente que una búsqueda en la base de datos de Flock realizada únicamente porque la matrícula de un automóvil pertenecía a una mujer de California constituía un registro inconstitucional.
Hill describió la red de Flock como una forma de «vigilancia masiva indiscriminada» y consideró que su naturaleza de amplio alcance podría exigir la obtención de una orden de registro. La sentencia no constituye un precedente vinculante, y Flock afirmó que la decisión representa una anomalía que prevé apelar y revocar, pero sigue siendo un indicio judicial importante porque es una de las primeras sentencias que relacionan las búsquedas en Flock con una posible violación constitucional.
¿Qué sigue siendo desconocido para el público?
Las solicitudes de registros públicos, junto con los portales de transparencia opcionales que ofrece Flock, permiten conocer el número de cámaras y vehículos escaneados, así como las búsquedas realizadas por la policía. Sin embargo, la participación es limitada: de los cientos de entidades que utilizan el sistema en Texas, 59 utilizan portales de transparencia y solo 16 publican los datos al público.
Los grupos contrarios a la vigilancia afirman que la falta de transparencia dificulta conocer la ubicación de las cámaras, las entidades que acceden a las grabaciones, la frecuencia de las búsquedas y el tiempo durante el cual se conservan los datos. Michael Soyfer, abogado del Institute for Justice, también señaló que la falta de supervisión podría permitir automatizar alertas basadas en patrones de movimiento «sospechosos», lo que podría provocar sospechas infundadas o detenciones erróneas.
Lectura editorial: El desarrollo relevante aquí no es una cámara nueva, sino la dificultad de auditar una infraestructura de vigilancia ampliamente extendida. Las tarifas elevadas y la negativa a divulgar información pueden limitar la capacidad de periodistas e investigadores para detectar usos indebidos, mientras que la sentencia judicial sigue teniendo un efecto jurídico limitado. Las preguntas abiertas están relacionadas con la exigencia de órdenes judiciales, la transparencia de las entidades locales y los controles sobre el procesamiento de datos mediante inteligencia artificial; el material de origen no aporta pruebas de que estas cuestiones se hayan resuelto.