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El artículo sostiene que las políticas de inteligencia artificial por sí solas no impiden el uso no autorizado, porque los desarrolladores recurrirán a las herramientas más rápidas cuando los canales oficiales sean lentos o ambiguos. Propone trasladar la responsabilidad a controles prácticos dentro de los repositorios, los procesos de revisión, la capacitación y la medición, designando responsables humanos claros para cada uso.