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Un tribunal federal estadounidense permitió que continuara una demanda presentada por tres sindicatos contra los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional, que acusa a un programa de vigilar las cuentas de titulares de visados y tarjetas verdes con el objetivo de perseguir opiniones disidentes y reprimir expresiones protegidas constitucionalmente. El tribunal consideró que el temor a consecuencias migratorias negativas puede disuadir a los no ciudadanos de ejercer sus derechos de expresión y organización.