El juez Alvin K. Hellerstein, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, rechazó el 1 de octubre de 2026 la solicitud del Gobierno de desestimar una demanda presentada por tres sindicatos contra los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional. La decisión significa que el caso pasará a la fase de investigación sobre el fondo de las acusaciones, pero no constituye un fallo definitivo de que el programa de vigilancia sea ilegal.
¿Qué está examinando el tribunal?
El United Auto Workers (UAW), el Communications Workers of America (CWA) y la American Federation of Teachers (AFT) presentaron la demanda en octubre de 2025. Los sindicatos sostienen que un programa gubernamental utiliza inteligencia artificial y otras tecnologías automatizadas para vigilar las cuentas de redes sociales de titulares de visados y tarjetas verdes, con el objetivo de identificar y castigar a personas que expresan opiniones que no cuentan con la aprobación del Gobierno.
La demanda acusa al programa de violar la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Procedimiento Administrativo. Los sindicatos están representados en el caso por la Electronic Frontier Foundation (EFF), Muslim Advocates y la Media Freedom & Information Access Clinic.
¿Qué decidió el tribunal?
El tribunal consideró que la amenaza de consecuencias migratorias negativas, en el contexto de lo que describió como políticas gubernamentales estrictas en materia de inmigración, basta razonablemente para disuadir a una persona común de ejercer sus derechos amparados por la Primera Enmienda. Concluyó que los no ciudadanos podrían limitar su expresión de opiniones no deseadas debido a la amenaza creíble de medidas migratorias negativas.
El tribunal también rechazó considerar que el impacto de la vigilancia sobre los sindicatos fuera un efecto incidental. Según la decisión, la libertad de los miembros para hablar, reunirse y aparecer públicamente es el mecanismo en el que se apoyan los sindicatos para captar, organizar y comunicarse con sus miembros, así como para negociar en su nombre. Por tanto, un programa acusado de silenciar a los miembros o de inducirlos a abandonar los sindicatos podría afectar a la propia función representativa de estos.
¿Por qué importa esta noticia?
El valor jurídico directo de la decisión es que permite continuar la impugnación en lugar de resolver el caso basándose en los argumentos procesales del Gobierno. En la práctica, las declaraciones de representantes de los demandantes indican que algunos miembros cambiaron la manera en que utilizan las redes sociales, redujeron su interacción con contenido sindical o dejaron de publicar y de participar en actividades fuera de internet por temor a ser objeto de escrutinio o a que ello afectara a sus beneficios migratorios.
Esto pone de relieve que el efecto de la vigilancia alegada no se limita a la recopilación de datos; la mera creencia de que las publicaciones podrían afectar al estatus migratorio puede cambiar el comportamiento de las personas y debilitar la capacidad de los sindicatos para comunicarse y organizarse. Siguen abiertas cuestiones fundamentales, entre ellas el alcance del programa, cómo se utilizan los datos y si las medidas gubernamentales realmente se dirigen contra determinadas opiniones, asuntos que se examinarán durante la fase sobre el fondo de la demanda.
Posturas de los demandantes
Shawn Fain, presidente de UAW, afirmó que nadie debería temer la vigilancia gubernamental o represalias relacionadas con su estatus migratorio por expresar su opinión o participar en su sindicato. Claude Cummings Jr, presidente de CWA, describió la decisión como un primer paso para proteger la libertad de expresión, protesta y organización. Randi Weingarten, presidenta de AFT, también declaró que la decisión respalda la impugnación de la vigilancia de los disidentes.
Lisa Femia, abogada principal de EFF, afirmó que los miembros de los sindicatos cambiaron su interacción en internet y fuera de ella por temor a ser objeto de acciones vinculadas con sus beneficios migratorios. Muslim Advocates declaró que el fallo representa un paso hacia la exigencia de responsabilidades al Gobierno por el programa de vigilancia, mientras que Nick Jones, estudiante de la Media Freedom & Information Access Clinic, expresó su expectativa de que el caso pase a la investigación sobre el fondo.