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La EFF examina tres oleadas de recopilación de datos por parte del Gobierno estadounidense: comenzaron con el acceso de DOGE a bases de datos sensibles, continuaron con el intercambio de datos migratorios y terminaron con intentos de utilizar los datos para depurar los registros electorales. La organización considera que estas prácticas plantean riesgos legales y prácticos, pese a que organizaciones y estados han recurrido a los tribunales para combatirlas.