La Electronic Frontier Foundation (EFF) considera que el Gobierno federal estadounidense ha pasado los últimos dos años recopilando datos personales de forma ilegal, en el marco de tres oleadas sucesivas que incluyeron la iniciativa DOGE, el intercambio de datos entre agencias con fines de aplicación de las leyes migratorias y, posteriormente, el uso de amplias bases de datos para comprobar la elegibilidad de los votantes. La organización afirma que reunir datos fiscales, de prestaciones gubernamentales y de registro electoral en sistemas interconectados aumenta las probabilidades de errores y usos indebidos, y socava la confianza de las personas en las instituciones.
La EFF presenta una posición analítica y defensora de la privacidad, no un informe neutral sobre todas las partes del conflicto. Su argumento se basa en demandas judiciales, medidas gubernamentales y cifras citadas por la organización, mientras que algunos hechos y efectos finales siguen sujetos a revisión judicial.
Tres vías para la recopilación de datos
La primera vía comenzó el 20 de enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump creó DOGE mediante el cambio de nombre de una agencia originalmente destinada a modernizar la tecnología gubernamental, según la descripción de la EFF. La organización afirma que DOGE obtuvo rápidamente un amplio acceso a bases de datos sensibles de la Oficina de Gestión de Personal (OPM), la Administración del Seguro Social y el Departamento del Tesoro, incluidos registros personales de millones de personas.
La EFF acusa a la iniciativa de alejarse del objetivo de la modernización tecnológica y de otorgar facultades a personas cuya experiencia gubernamental o cibernética, según afirmó, era limitada y algunas de las cuales afrontaban conflictos de intereses. También señala un episodio relacionado con la Administración del Seguro Social, en el que se firmó un acuerdo externo con el objetivo de utilizar los datos de la administración para buscar supuestas pruebas de fraude electoral y “revertir los resultados electorales en determinados estados”. La organización afirma que las operaciones de intercambio e integración infringieron las restricciones de la Ley Federal de Privacidad de 1974.
La segunda vía consistió, según la EFF, en intentos del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias de compartir o hacerse con datos fiscales del Servicio de Impuestos Internos, datos de Medicaid del Departamento de Salud y Servicios Humanos y datos de vivienda pública, además de bases de datos de los programas SNAP. La organización también menciona que la agencia ICE compró datos comerciales de geolocalización sin una orden judicial y que mostró interés por proveedores de macrodatos y tecnologías publicitarias, junto con el uso de empresas como Palantir para organizar los conjuntos de datos recopilados por la agencia.
De las bases de datos migratorias a los registros electorales
La tercera vía se centra en las elecciones. El Gobierno amplió el uso del sistema SAVE, acrónimo de Systematic Alien Verification for Entitlements, que pasó de verificar la elegibilidad de inmigrantes y ciudadanos naturalizados para recibir determinadas prestaciones a comprobar la elegibilidad de los votantes. La EFF afirma que más de 60 millones de votantes pasaron por el sistema y que 21.000 fueron marcados como posibles no ciudadanos no elegibles para votar, mientras que datos erróneos provocaron que se señalara a votantes legales como Anthony Nell.
La organización afirma que el Gobierno federal solicitó desde 2025 datos de votantes a al menos 48 estados y que al menos 16 estados cumplieron, mientras que el Gobierno presentó demandas contra 30 estados que se negaron a entregarlos; 25 de esas demandas habían sido rechazadas hasta el momento de redactar el artículo. Además, en marzo de 2026 la Administración emitió una orden ejecutiva que solicita al Departamento de Seguridad Nacional crear una lista federal con los nombres de los ciudadanos estadounidenses de 18 años o más que residan en el estado.
La batalla legal y qué cambia en la práctica
La EFF señala demandas como League of Women Voters v. DHS, Common Cause v. DOJ, California v. Trump y EPIC v. USCIS, además de casos relacionados con los datos del Servicio de Impuestos Internos y Medicaid. Un tribunal federal consideró ilegal la ampliación de SAVE y un tribunal de apelaciones rechazó suspender la decisión, pero la Corte Suprema de Estados Unidos concedió una suspensión temporal por seis votos frente a tres. En otro caso, una suspensión emitida por la Corte Suprema permitió seguir adelante con el programa de lista de elegibilidad de votantes, mientras que por siete votos frente a dos se rechazó suspender una resolución relacionada con otra parte de la orden ejecutiva sobre el voto por correo.
La consecuencia técnica directa es que reutilizar datos fuera del propósito para el que fueron recopilados puede convertir los sistemas de verificación en herramientas de clasificación y exclusión a gran escala. Los riesgos aumentan cuando las operaciones de cotejo automatizado se combinan con datos incompletos o erróneos, porque el resultado puede afectar al acceso a un servicio gubernamental o al ejercicio del derecho al voto antes de que la persona perjudicada pueda corregir el registro.
Propuestas de la EFF y cuestiones pendientes
La EFF pide cerrar las lagunas de la Ley Federal de Privacidad y ampliar su capacidad de aplicación, impedir que los organismos encargados de hacer cumplir la ley eludan los requisitos de las órdenes judiciales comprando datos a intermediarios y aprobar una ley integral de privacidad del consumidor. También remite a la Fourth Amendment Is Not For Sale Act y al marco “privacy first”.
Sin embargo, el artículo no determina los daños finales de cada programa ni el resultado de todas las demandas, y algunas de las afirmaciones que contiene proceden de la EFF o de partes involucradas en los casos. Por ello, siguen abiertas cuestiones prácticas y jurídicas relativas a los límites de las facultades federales, la precisión del cotejo entre bases de datos y los mecanismos para notificar a las personas y corregir sus errores.