Disputa sobre el alcance de las pruebas
Apple se enfrenta al Departamento de Justicia de EE. UU. en una nueva disputa legal relacionada con la amplitud de los documentos que la empresa debe presentar como prueba en el caso antimonopolio presentado en su contra. El Departamento de Justicia ha solicitado la intervención del tribunal tras el fracaso de ambas partes para llegar a un acuerdo sobre la presentación de registros recientes.
Las partes habían acordado previamente establecer el 20 de junio de 2025 como fecha límite para los documentos requeridos. Con la extensión de la fase de recopilación de pruebas hasta finales de mayo de 2027, el Departamento de Justicia exige obtener documentos adicionales creados hasta 30 días antes de la nueva fecha límite. El Departamento justifica esta solicitud argumentando que los registros más recientes son necesarios para determinar si las supuestas prácticas anticompetitivas aún continúan.
La postura de Apple y la carga operativa
Por su parte, Apple rechaza ampliar el alcance de la búsqueda, afirmando que esto retrasaría el caso varios meses. La empresa explicó que ya ha revisado más de 11 millones de documentos y ha presentado más de dos millones de documentos que cubren un período de 18 años, considerando que este esfuerzo es suficiente para cubrir los aspectos del caso.
¿Qué significa esta disputa?
Estos acontecimientos se enmarcan en la demanda presentada en marzo de 2024, que acusa a Apple de mantener ilegalmente un monopolio en el mercado de los teléfonos inteligentes mediante la restricción de aplicaciones, servicios y dispositivos de la competencia. Este paso es de carácter procesal, ya que las partes han solicitado al tribunal que reconozca formalmente la imposibilidad de resolver la disputa de manera amistosa, lo que deja en manos del poder judicial determinar si Apple debe cumplir con la presentación de más documentos recientes.
Esta disputa refleja los importantes desafíos logísticos y legales en los casos antimonopolio tecnológicos, donde el proceso de recopilación de pruebas se convierte en una batalla de desgaste técnico y legal entre las grandes empresas y los reguladores, lo que afecta directamente al calendario para la resolución de casos importantes.