Palmer Luckey, fundador de la empresa de tecnología de defensa "Anduril" y conocido multimillonario del sector tecnológico, afirmó que no tiene la intención de abandonar el estado de California a pesar de su firme oposición a la propuesta de ley de impuesto sobre la riqueza dirigida a los multimillonarios del estado. Esta postura se produce en un momento en que algunos de sus pares multimillonarios presionan para adoptar una postura colectiva de partida en protesta contra las políticas fiscales.
¿Por qué Luckey se niega a marchar?
Luckey explicó durante una conferencia de prensa que su decisión de quedarse surge de su creencia en la necesidad de "luchar por California" en lugar de huir, señalando que la partida de los líderes tecnológicos creará problemas adicionales para el estado y para las empresas con las que trata. Afirmó que esta disputa fiscal se ha convertido en un punto de fricción entre él y sus amigos multimillonarios, quienes ven su permanencia como un debilitamiento de los esfuerzos de presión contra las políticas fiscales.
Preocupaciones técnicas y legales
Las objeciones de Luckey van más allá del simple pago de impuestos, ya que considera que la propuesta fiscal tiene graves defectos estructurales, entre ellos:
- Impuesto sobre el control: Luckey considera que la ley trata a los fundadores que poseen acciones de supervoto como si poseyeran una mayor participación en la empresa, lo que podría conducir a la imposición de impuestos exorbitantes que no están cubiertos por el valor real de las acciones.
- Valoración de activos ilíquidos: Luckey critica la imposición de impuestos sobre la riqueza no realizada y los activos que son difíciles de convertir en efectivo, describiéndolo como algo similar a "confiscar la riqueza futura".
- Vínculo entre el control y la ubicación geográfica: Luckey señaló que sus derechos de voto en su empresa están vinculados a ser un ciudadano estadounidense residente en los Estados Unidos, lo que hace que salir del país o del estado sea una amenaza directa para el control de su empresa de defensa.
Luckey estima que su factura fiscal, basada en la última valoración de su empresa "Anduril" de 61 mil millones de dólares, podría alcanzar unos 3 mil millones de dólares. Luckey espera que, si se aprueba la ley, sea impugnada en los tribunales, considerando que gravar los derechos de voto en las empresas privadas es un precedente sin precedentes en la política fiscal.