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Más de 1.000 entidades estadounidenses de seguridad pública obtuvieron exenciones de la FAA que allanan el camino para operar drones autónomos en respuesta a llamadas de emergencia, tras la agilización de los procedimientos de aprobación en 2025. La EFF considera que la expansión plantea importantes riesgos para la privacidad, especialmente por el almacenamiento y análisis de las imágenes y su conexión con sistemas de lectura de matrículas.