Más de 1.000 entidades estadounidenses de seguridad pública, incluidos departamentos de policía y bomberos y organismos de gestión de emergencias, obtuvieron exenciones de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) que les permiten automatizar la operación de drones como paso previo al lanzamiento de programas de «drones como primeros respondedores» (DFR). Según datos obtenidos por la Electronic Frontier Foundation (EFF) en virtud de la Ley de Libertad de Información, estas entidades superaron un obstáculo regulatorio fundamental que permite enviar drones a los lugares donde se reciben llamadas de emergencia antes de que lleguen las patrullas.
Esta expansión se produjo después de que la FAA simplificara en abril de 2025 los procedimientos para conceder exenciones de la Parte 91. Un representante de la agencia afirmó que se habían concedido 976 exenciones para programas DFR desde el lanzamiento del primer programa de este tipo en 2018 hasta abril de 2025, mientras que entre abril de 2025 y febrero de 2026 la agencia emitió un número de exenciones superior al concedido durante el conjunto de los siete años anteriores. Las cifras más recientes se basan en una divulgación realizada en virtud de la Ley de Libertad de Información, y la situación documentada más reciente corresponde a febrero de 2026.
Del vuelo manual a la operación autónoma
Esta evolución refleja un cambio en el uso policial de los drones: de la vigilancia aérea dirigida por un operador humano a una operación que depende en mayor medida de la automatización y la inteligencia artificial. Las normas habituales exigen que la aeronave permanezca dentro del campo visual del piloto, y el operador también necesita una certificación conforme a la Parte 107 de la FAA. En cambio, los vuelos más allá de la línea visual (BVLOS), o los vuelos a una altura superior a 200 pies, requieren una autorización adicional de la FAA debido a los riesgos de colisión con aeronaves y otros vehículos aéreos.
Sin esta autorización, un agente situado dentro de un edificio no puede dirigir un dron hacia una llamada de emergencia que se produzca en el otro extremo de la ciudad, porque el dron quedaría fuera de su campo visual. Las normas de la FAA también exigían que el dron se pilotara manualmente hasta el lugar del incidente. Sin embargo, los programas DFR utilizan plataformas de lanzamiento distribuidas por las ciudades, a menudo sobre edificios municipales, y permiten que un solo operador supervise varios drones al mismo tiempo. Obtener una exención BVLOS no significa que cada departamento haya puesto en marcha un programa, pero sí indica que mostró suficiente interés para superar los requisitos regulatorios necesarios.
¿Qué cambia en la práctica?
Los departamentos de policía y las empresas que venden equipos DFR afirman que los drones proporcionan a los agentes «conocimiento de la situación» antes de que lleguen al lugar. Este argumento se utilizó en las primeras etapas de la adopción de drones, especialmente en accidentes de tráfico peligrosos o llamadas que implicaban a un sospechoso armado. Sin embargo, un análisis publicado por Government Technology sobre un sistema de Chula Vista, en el estado de California, señaló que esos casos podrían representar una parte limitada del uso, mientras que los drones podrían enviarse a llamadas de bajo riesgo relacionadas con personas sin hogar, preocupaciones de salud mental o quejas por música a alto volumen.
Los programas DFR también se han convertido en una importante fuente de ingresos para empresas como Flock Safety y Axon. Axon afirmó que su plataforma DFR se había convertido en uno de los sectores de más rápido crecimiento de la empresa. La compañía también ofrece productos como TASER y el sistema Fusus, que permite a la policía integrar la visualización de cámaras públicas y privadas.
Las imágenes de los vuelos se transmiten a las oficinas de la policía, donde pueden almacenarse, compartirse y analizarse como otras grabaciones de vídeo. Según el artículo, convertir estas imágenes en datos que alimenten redes de reconocimiento automático de matrículas (ALPR) requiere una cantidad limitada de software adicional. Durante el último año, Flock Safety logró utilizar sus drones como «lectores de matrículas voladores».
Riesgos para la privacidad y mecanismos de rendición de cuentas
La EFF considera que la normalización de los programas DFR amenaza la privacidad de las comunidades estadounidenses, porque las cámaras aéreas pueden filmar lugares a los que una patrulla ordinaria tendría dificultades para acceder, como patios traseros, tejados e incluso el otro lado de las ventanas. Esto puede ocurrir desde distancias a las que las personas no se dan cuenta de que están siendo vigiladas. La organización citó una filtración reciente de imágenes del Departamento de Policía de San Francisco y afirmó que demostraba lo fácil que es realizar vuelos encubiertos para vigilar a personas inocentes durante varios minutos sin que lo sepan.
La expansión no se limita a las operaciones diurnas. En octubre de 2024, el Departamento de Policía de Campbell, California, anunció que había obtenido la primera autorización de la FAA para operaciones BVLOS nocturnas y afirmó ser «el primero» en integrar la tecnología de radar con sensores electroópticos para mejorar la vigilancia del espacio aéreo, lo que permite a un piloto remoto lanzar drones de forma segura durante el día y la noche.
La EFF insta a las comunidades a participar en la decisión de comprar estos programas desde el principio, en lugar de limitarse a debatir cómo operarlos después de la contratación. Entre las prácticas útiles de transparencia se incluye publicar las rutas de vuelo y sus motivos, a veces en tiempo real, a través de portales públicos. En California, la ley AB 481 exige que los departamentos de policía notifiquen al público con antelación su intención de adquirir drones, establezcan políticas antes de la compra y presenten actualizaciones anuales sobre los usos; esto brinda a los ayuntamientos y a las comunidades la oportunidad de formular observaciones u oponerse antes de firmar cualquier contrato.
Según la conclusión del artículo, las entidades que estudien estos programas necesitan políticas claras de uso aceptable, transparencia sobre cada despliegue y una revisión periódica de los resultados. La revisión debe incluir la opción de detener el programa si no demuestra que cumple el propósito previsto, en lugar de considerar la compra de la tecnología una decisión definitiva.