TP-Link enfrenta una escalada legal y regulatoria en Estados Unidos después de que Florida, Montana, Iowa y Nebraska presentaran demandas en las que acusan a la empresa de engañar a los consumidores sobre sus relaciones con China y el nivel de seguridad de los routers que fabrica. Las demandas solicitan poner fin a las prácticas cuestionadas, indemnizar a los consumidores en Florida e imponer multas conforme a las leyes de protección al consumidor de los estados correspondientes.
La medida llega aproximadamente seis meses después de que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) anunciara una amplia prohibición de los routers destinados a consumidores si se fabrican total o parcialmente fuera de Estados Unidos. Empresas como Netgear, Asus, Adtran, Amazon, Eero, Calix, Nokia y Starlink obtuvieron exenciones, mientras que TP-Link aún no ha conseguido una. Como resultado, la empresa no puede vender sus routers Wi‑Fi 8 más recientes en el mercado estadounidense, mientras continúan las ventas de los modelos que obtuvieron las autorizaciones antes de la prohibición.
El núcleo de las acusaciones
Las demandas sostienen que TP-Link presentó sus routers a los consumidores como seguros, mientras ocultaba o minimizaba sus vínculos con China y los riesgos de explotación de sus vulnerabilidades. Los estados se basaron en declaraciones y cuestiones de seguridad anteriores, entre ellas la explotación de dispositivos TP-Link por hackers vinculados a organismos gubernamentales chinos y referencias a la explotación de vulnerabilidades en estos dispositivos por parte de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia (GRU).
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, afirmó que hackers respaldados por el Estado chino explotaron dispositivos TP-Link ubicados en hogares estadounidenses. Las demandas también alegan que la empresa no informó a los consumidores sobre sus vínculos continuos con un contratista militar chino ni sobre los riesgos relacionados con la explotación de sus productos por parte de organismos gubernamentales.
La demanda cita un informe publicado por Bloomberg en abril de 2025, según el cual casi todos los componentes de la fábrica de la empresa en Vietnam, salvo componentes locales que representan el 0,5 por ciento del valor de los insumos, eran importados de China. Los estados consideran que el ensamblaje final en Vietnam no niega la dependencia de China ni elimina la necesidad de revelar esos vínculos.
Respuesta de TP-Link
La empresa rechazó las demandas y las calificó de coordinadas y basadas en fundamentos erróneos. Afirmó que los dispositivos de TP-Link Systems vendidos en Estados Unidos se fabrican en Vietnam y que la empresa es una compañía estadounidense independiente que no pertenece a ningún gobierno extranjero ni está controlada por él. Añadió que cumple las leyes estadounidenses de privacidad y protección de datos, realiza pruebas de seguridad exhaustivas y recurre a laboratorios independientes, y aseguró que no comparte datos de las redes de sus clientes con gobiernos extranjeros ni con partes no autorizadas.
TP-Link se fundó en China y trasladó su sede principal a California en octubre de 2024, en medio de investigaciones y ataques destacados vinculados al Gobierno chino, entre ellos una red de bots cuyos dispositivos eran en su mayoría equipos TP-Link. La empresa afirma que cuenta con más de 550 empleados en Estados Unidos, incluidos cientos de ingenieros en su sede de California.
¿Qué cambia en la práctica?
La prohibición no significa que todos los dispositivos TP-Link hayan desaparecido del mercado estadounidense: los productos existentes que obtuvieron las autorizaciones antes de la prohibición siguen disponibles. Sin embargo, la empresa debe superar el proceso de la FCC para introducir nuevos productos, lo que requiere una evaluación del Departamento de Defensa o del Departamento de Seguridad Nacional que demuestre la ausencia de riesgos para la seguridad nacional, además de una justificación del uso de fabricación extranjera y un calendario detallado para ampliar la fabricación dentro de Estados Unidos.
TP-Link afirmó en su respuesta más reciente que atraviesa los procedimientos estándar de autorización, al igual que las demás empresas, y que trabaja para lanzar una gama Wi‑Fi 8 para los consumidores estadounidenses. La fuente no proporciona una fecha para resolver la solicitud de exención, y las demandas judiciales tampoco determinan si las alegaciones de los estados quedarán demostradas ante los tribunales. Por ello, el impacto del caso va más allá de los modelos actuales de TP-Link: pone a prueba hasta qué punto las autoridades estadounidenses se basan en el origen de los componentes y las cadenas de suministro, así como en la transparencia de las empresas sobre su propiedad y sus relaciones externas, al evaluar la seguridad de los equipos de redes domésticas.