Massachusetts se convirtió en el tercer estado estadounidense en tres meses en imponer nuevas restricciones a la expansión de los centros de datos, después de que la gobernadora Maura Healey emitiera una orden ejecutiva que responsabiliza a los desarrolladores de proporcionar la energía limpia necesaria para las grandes instalaciones. La decisión se aplica a los centros de datos cuya demanda máxima supere los 25 megavatios.
En virtud de la orden, estas instalaciones deberán proporcionar energía que cumpla con los requisitos estatales de energía limpia. Healey prefiere que esta energía se genere en el propio sitio, pero los desarrolladores podrán, en su lugar, financiar la creación de nueva capacidad de generación cerca del centro o pagar a un fondo destinado a proteger a los consumidores de electricidad. Esto significa que el consumo del centro de datos no se tratará como una carga que pueda trasladarse por completo a la red o al resto de los abonados.
Un endurecimiento que supera el porcentaje general de energía limpia
Massachusetts se basa en un estándar de energía limpia establecido en la ley estatal, que obliga al sector eléctrico a utilizar fuentes aprobadas, como la eólica, la solar y la hidroeléctrica, en porcentajes que aumentan con el tiempo. Para 2030, estas fuentes deberán representar al menos el 40% del total de la electricidad conforme al estándar general.
Sin embargo, la oficina de la gobernadora explicó que los centros de datos deberán cubrir el 100% de sus necesidades eléctricas mediante generación de energía limpia. Este punto representa un endurecimiento importante frente al mínimo general y establece claramente que la obligación no se limita a comprar electricidad de fuentes existentes, sino que está vinculada a proporcionar generación limpia para satisfacer la demanda.
Medidas transitorias y transparencia local
La orden ejecutiva insta a las comunidades locales a evitar la firma de acuerdos de confidencialidad relacionados con proyectos de centros de datos. El estado también suspendió temporalmente las solicitudes para beneficiarse de una exención del impuesto sobre las ventas para centros de datos, exención que entró en vigor el mes anterior, con el fin de dar tiempo a los organismos reguladores para aplicar las nuevas restricciones.
El texto extraído no estableció un calendario completo para la aplicación de todos los mecanismos ni detalles sobre el cálculo de los importes que podrían pagarse al fondo de protección de los consumidores de electricidad. Por ello, la forma de aplicar el requisito de generación limpia y el mecanismo para demostrar la cobertura de la demanda total siguen siendo aspectos que necesitarán una aclaración regulatoria posterior.
¿Por qué importa esta noticia?
La decisión cambia la economía de la construcción de grandes centros de datos en Massachusetts. El desarrollador ya no afronta únicamente los costos del sitio y de la infraestructura digital, sino que también podría verse obligado a construir o financiar capacidad de generación limpia, o a asumir una contribución financiera destinada a proteger a los abonados. Esto afecta directamente a los proyectos de computación en la nube y de inteligencia artificial que dependen de instalaciones con un elevado consumo energético, y también aumenta la importancia de elegir la ubicación y de disponer de fuentes de electricidad limpia antes de iniciar el desarrollo.
El cambio se produce después de un período en el que las empresas tecnológicas y los desarrolladores de centros de datos recibían incentivos para atraer sus instalaciones a los estados. Ahora, estos proyectos enfrentan una oposición pública cada vez mayor, mientras las autoridades intentan abordar las preocupaciones relacionadas con los costos de la energía, la presión sobre las redes y la transparencia de las decisiones locales.
En agosto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que los nuevos centros de datos estarían sujetos a una revisión por parte de la Comisión de Servicios Públicos y del operador de la red eléctrica ERCOT. En julio, el gobernador de Nueva York detuvo la construcción de nuevos centros de datos con una capacidad de 50 megavatios o más. La coincidencia de estas medidas indica que la rápida expansión de la infraestructura necesaria para la inteligencia artificial se ha convertido en una cuestión regulatoria y política, y no en una decisión comercial separada de la gestión de las redes eléctricas.