La Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA) afirma que los dos proyectos de energía aprobados por las cámaras de Representantes y del Senado del estado de Massachusetts, S.3166 y H.5175, incluyen reformas que podrían respaldar la fiabilidad de la red y reducir los costos de la electricidad. Sin embargo, la asociación advierte, en un artículo de opinión, que propuestas separadas para imponer nuevas tarifas fijas en las facturas de electricidad podrían socavar estos objetivos antes de que la versión final sea enviada a la gobernadora Maura Healey.
Ambas cámaras aprobaron versiones de la legislación durante 2026, mientras un comité de conferencia trabaja para conciliarlas antes de enviar un proyecto final a Healey. Entre las reformas que destaca el artículo se encuentran la adopción de un mecanismo más flexible para conectar proyectos energéticos a la red, la creación de un programa de almacenamiento minorista de electricidad y la actualización de los procedimientos para obtener permisos para sistemas solares residenciales. SEIA considera que estas medidas podrían reducir los trámites burocráticos para los residentes y las empresas que desean instalar energía solar en los tejados y otros recursos energéticos distribuidos.
¿Qué significan las tarifas fijas?
Una de las vías en debate propone trasladar parte de los costos de los servicios públicos desde cargos basados en la cantidad de electricidad consumida a tarifas fijas que se cobren independientemente del volumen de consumo. Según la interpretación de SEIA, este cambio podría redistribuir las cargas de los consumidores con un uso elevado hacia los hogares y las empresas que consumen menos.
La asociación se basa en una revisión de datos de Eversource, que presta servicio a más de 1,4 millones de residentes de Massachusetts. Según sus estimaciones, las facturas del cuartil inferior de los usuarios residenciales de electricidad, que suelen ser hogares de bajos ingresos, podrían aumentar más de un 10 %, lo que equivaldría a unos 13,4 millones de dólares adicionales al año. En cambio, las facturas del cuartil de mayor consumo podrían disminuir aproximadamente un 2,5 %, con un ahorro cercano a los 25 millones de dólares anuales. El artículo señala que el consumo medio de este grupo supera en más de diez veces el del cuartil de menor uso.
En el sector de las pequeñas empresas, la revisión afirma que las facturas de los clientes con menor consumo podrían casi duplicarse, mientras que las de los usuarios más grandes disminuirían. SEIA presenta resultados similares a partir de los datos de National Grid, la segunda mayor empresa de servicios públicos del estado, que atiende a 1,3 millones de clientes residenciales y comerciales; las facturas de los clientes residenciales con menor consumo podrían aumentar un 13,8 %, mientras que los usuarios de mayor consumo se beneficiarían de reducciones.
¿Por qué importa esta noticia?
El debate no se refiere únicamente al valor de la tarifa, sino también a la forma en que se diseña la estructura tarifaria. Cuanto mayor sea la proporción de tarifas fijas en la factura, menor será el efecto de reducir el consumo de electricidad sobre el importe total que paga el cliente. Como consecuencia, los ahorros financieros asociados con la instalación de paneles solares o baterías, o con la mejora de la eficiencia energética, podrían disminuir, según el análisis de SEIA.
Esto coloca a las reformas propuestas ante una paradoja práctica: el estado busca facilitar los recursos energéticos distribuidos y ofrecer a los residentes y las empresas más medios para controlar sus costos, mientras que las tarifas fijas podrían hacer que reducir el consumo fuera menos conveniente desde el punto de vista financiero. Los efectos serían especialmente sensibles para los hogares de bajo consumo y para las pequeñas empresas, que no disponen de un margen amplio para absorber aumentos fijos en las facturas.
La disputa aún no se ha resuelto
A finales de 2025, el Departamento de Servicios Públicos de Massachusetts (DPU) abrió una revisión exhaustiva de todos los cargos de conexión de electricidad y gas incluidos en las facturas de los servicios públicos. Según el artículo, una coalición integrada por grupos de protección de los consumidores, organizaciones que representan a personas de bajos ingresos, grupos empresariales, organizaciones ambientales y empresas de energía limpia presentó comentarios públicos que se oponen a un posible aumento de las tarifas fijas o expresan reservas al respecto.
La DPU afirma que evaluará cuidadosamente la cuestión antes de decidir si las tarifas actuales deberían volverse totalmente o parcialmente fijas y cómo se aplicaría el cambio. Por ello, SEIA insta al comité de conferencia y a la administración de Healey a dejar la evaluación del diseño tarifario en manos del organismo regulador, en lugar de obligarlo a adoptar un resultado predeterminado, y a mantener las reformas relacionadas con la fiabilidad de la red, el almacenamiento y la energía solar.
Los hechos disponibles aquí no demuestran que las tarifas fijas hayan sido aprobadas definitivamente ni que los aumentos estimados vayan a producirse; se trata de cifras incluidas en la revisión de SEIA de los datos de las dos empresas de servicios públicos, dentro de un artículo que adopta una postura clara contra esta opción. La cuestión abierta se refiere a la versión final de la legislación y a la decisión de la DPU sobre el diseño tarifario, dos factores que determinarán el efecto real en las facturas de los distintos segmentos de clientes.