Un estudio publicado por Christopher Callahan, de la Escuela O’Neill de Política Pública y Asuntos Ambientales de la Universidad de Indiana, presentó un marco estadístico que vincula las emisiones acumuladas de entidades específicas con un aumento de la probabilidad de olas de calor y lluvias intensas. El estudio se publicó en la revista Earth’s Future el 7 de agosto de 2026, en un momento en que aumentan las demandas que intentan responsabilizar a empresas de combustibles fósiles o gobiernos por daños climáticos específicos.
La importancia de la investigación radica en que aborda uno de los eslabones más difíciles de la responsabilidad climática: pasar de demostrar que la actividad humana eleva la temperatura del planeta a estimar la contribución de un país, una empresa o una entidad emisora concreta al riesgo de un fenómeno climático ocurrido en un lugar y momento determinados.
De las emisiones acumuladas al riesgo climático
El modelo parte de la relación proporcional entre el calentamiento global y la acumulación de emisiones de dióxido de carbono. En lugar de depender de modelos muy complejos que podrían requerir meses y una gran capacidad de cálculo, Callahan utilizó más de 150 simulaciones mediante ocho modelos climáticos para construir un modelo estadístico que estima el cambio en las probabilidades de calor extremo y lluvias intensas a partir de las emisiones históricas.
Según el resumen del estudio, las emisiones acumuladas de Estados Unidos elevaron la probabilidad de experimentar calor extremo reciente en al menos un 50% en un tercio de la superficie terrestre. Asimismo, la aplicación del modelo a fenómenos específicos concluyó que las emisiones de grandes empresas de combustibles fósiles aumentaron en un 31% la probabilidad de la ola de calor que azotó el noroeste del Pacífico en 2021, y elevaron en un 7% la probabilidad de las lluvias intensas en Pakistán en 2022.
Estas cifras no significan que una sola entidad causara por sí misma un fenómeno climático, sino que miden el aumento de la probabilidad atribuible a su contribución a las emisiones. Esto confirma el principio básico del estudio: no existe una cantidad de emisiones sin efecto sobre el cambio de los riesgos climáticos, y cada tonelada de dióxido de carbono se suma al impacto acumulado.
¿Qué cambia en la práctica en los litigios climáticos?
Las demandas interpuestas contra empresas de combustibles fósiles afrontan el obstáculo jurídico de demostrar una causalidad próxima entre las emisiones de una entidad concreta y un daño específico, como una inundación o una ola de calor. La defensa potencial sostiene que los fenómenos meteorológicos extremos existían antes del cambio climático y que podría ser imposible determinar la contribución de una sola empresa a un daño concreto.
El estudio ofrece una herramienta cuantitativa que podría ayudar a los demandantes a superar parte de este problema, al convertir la participación de una entidad en las emisiones históricas en una estimación medible del aumento de los riesgos. Según lo que señala la fuente sobre los resultados de la investigación, esta metodología podría aplicarse a otros países, empresas o entidades emisoras, así como a distintos lugares y momentos.
Sin embargo, el valor de este marco es científico y probatorio, no una decisión jurídica. El tribunal seguirá teniendo que examinar los criterios de jurisdicción, la definición del daño, la responsabilidad jurídica y la relación de causalidad exigida en el caso concreto. Por tanto, el 31%, por sí solo, no demuestra que una determinada empresa esté obligada a pagar una indemnización específica ni que el tribunal vaya a aceptar el modelo como prueba concluyente.
Un campo de disputa científica y jurídica
La fuente sitúa el estudio en un contexto más amplio de litigios en Estados Unidos. Desde 2017, estados, municipios y gobiernos tribales han presentado más de 40 demandas contra empresas de petróleo y gas, y al menos cinco han entrado en la fase de descubrimiento de pruebas, que puede exigir la entrega de documentos y el interrogatorio de responsables sobre qué sabían las empresas acerca del cambio climático y cuándo lo supieron.
La fuente también señala una campaña encubierta de oposición, revelada por una investigación publicada por Politico en junio, cuyo objetivo era poner en duda las conclusiones de un informe de las Academias Nacionales de Ciencias. Asimismo, menciona que se eliminó un capítulo sobre ciencias del clima de una guía de referencia para jueces federales después de presiones de fiscales generales republicanos, antes de que las academias lo retiraran oficialmente más tarde ese mismo mes. Estos hechos, tal como los presenta la fuente, muestran que el debate no gira únicamente en torno a los modelos científicos, sino también al peso que esos modelos tendrán dentro de las instituciones judiciales y políticas.
La lectura de certi.news
El cambio real aquí no es descubrir que las emisiones influyen en el clima, sino desarrollar un método menos exigente desde el punto de vista computacional para estimar el efecto de entidades específicas sobre la probabilidad de fenómenos extremos. Esto proporciona a investigadores y demandantes un lenguaje cuantitativo más preciso al debatir la responsabilidad, pero no elimina las limitaciones de la modelización ni convierte automáticamente el resultado científico en responsabilidad jurídica.
Las empresas de combustibles fósiles, los gobiernos y las entidades que estudian indemnizaciones por daños climáticos se ven afectados por este avance, mientras que las preguntas abiertas siguen relacionadas con el grado de aceptación de la metodología por parte de los tribunales y con la manera de convertir un aumento general de la probabilidad en un daño indemnizable. Además, el material original adopta un tono de opinión contundente hacia la industria de los combustibles fósiles y la política estadounidense; por ello, esas posturas deben separarse de los resultados del estudio, que determinan un aumento de los riesgos, pero no emiten una sentencia judicial contra ninguna de las partes.