La administración del presidente estadounidense Donald Trump se prepara para anunciar planes destinados a relajar las normas regulatorias que imponen restricciones a las fugas de gas metano de la infraestructura del sector del petróleo y el gas. Esta medida se enmarca en la agenda de la administración orientada a la desregulación, ya que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) busca revertir las regulaciones aprobadas durante la era Biden, las cuales se esperaba que redujeran las emisiones de metano en un 80% a lo largo de 14 años.
Repercusiones de los cambios regulatorios
El administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, declaró que estas modificaciones ahorrarán a las empresas de petróleo y gas alrededor de 45 mil millones de dólares, en comparación con los costos de cumplimiento que habrían impuesto las reglas anteriores, estimados en 18 mil millones de dólares. Los cambios se dirigen específicamente a lo que se conoce como "pozos marginales", que son pozos antiguos que producen cantidades mínimas de combustible pero que son responsables de la mitad de las emisiones de metano en el sector. También se espera que la agencia ponga fin al "Programa de Superemisores" (Super Emitter Program), que notificaba a los operadores sobre la existencia de fugas masivas de 100 kilogramos o más por hora.
¿Por qué es importante esta noticia?
El metano es un potente gas de efecto invernadero, cuya capacidad para retener calor es 80 veces mayor que la del dióxido de carbono en un periodo de 20 años, y es responsable de aproximadamente el 30% del calentamiento global hasta la fecha. Dado que el metano se disipa en la atmósfera en un periodo de tiempo más corto que el dióxido de carbono, controlar sus fugas se considera una forma rápida y directa de limitar el aumento de las temperaturas globales.
Contexto técnico y energético
Este anuncio se produce en un momento en que la demanda de energía está aumentando en los Estados Unidos, especialmente con la gran expansión de los centros de datos que respaldan los modelos de inteligencia artificial de alto consumo energético. Los informes indican que los centros de datos podrían afectar negativamente la calidad del aire en estados como Texas, lo que plantea desafíos adicionales para el equilibrio entre el crecimiento tecnológico y el mantenimiento de los estándares ambientales. Esta medida ha sido recibida con amplias críticas por parte de organizaciones ambientales y de salud, que consideran que el retroceso en estas regulaciones es un golpe a los esfuerzos de protección de la salud pública y el clima.