General Motors (GM) ha llegado a un acuerdo legal por valor de 220 millones de dólares con una coalición de 36 fiscales generales en los Estados Unidos, tras acusaciones relacionadas con la venta de datos de conductores y sus ubicaciones geográficas a intermediarios de datos sin obtener el consentimiento claro de los usuarios.
Detalles del programa Smart Driver y las acusaciones presentadas
El caso gira en torno al programa Smart Driver, que la compañía suspendió en 2024. El programa recopilaba detalles precisos sobre los hábitos de conducción, incluyendo las tasas de aceleración, el uso de los frenos y la duración de los viajes. Según las acusaciones, General Motors transfirió estos datos a intermediarios de datos, lo que permitió a las compañías de seguros comprar esta información y utilizarla para aumentar las primas de seguro de los conductores sin su conocimiento o consentimiento.
Los fiscales generales señalaron que la compañía no informó a los conductores sobre su inscripción en el programa ni sobre la naturaleza de los datos recopilados, convirtiendo los vehículos en herramientas de seguimiento en lugar de ser solo un medio de transporte.
¿Qué cambia en la práctica?
Bajo los términos del acuerdo, General Motors se compromete a lo siguiente:
- Restricciones técnicas: Imponer restricciones estrictas sobre el tipo de datos de conducción que la compañía recopila.
- Consentimiento explícito: Obligar a la compañía a obtener el consentimiento explícito y directo de los conductores antes de comenzar a recopilar cualquier información relacionada con su comportamiento en la carretera.
- Transparencia: Mejorar las prácticas de privacidad para garantizar la claridad de la información recopilada, cómo se protege y las opciones disponibles para los clientes.
Por su parte, la portavoz de General Motors, Charlotte McCoy, declaró que la compañía ha tomado medidas para mejorar las prácticas de privacidad, reafirmando su compromiso con la transparencia sobre los datos utilizados para mejorar la experiencia de los vehículos conectados.
Contexto del acuerdo
Este importante acuerdo llega pocos meses después de que General Motors aceptara pagar 12.75 millones de dólares para resolver demandas similares en el estado de California. Este caso colectivo fue liderado por el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, y el fiscal general de Washington, Nick Brown, con una amplia participación de otros estados como Nueva York, Florida y Pensilvania.