Un tribunal federal estadounidense se prepara para emitir una sentencia escrita durante las próximas semanas sobre si Donald Trump puede vender acceso anticipado a sus publicaciones en Truth Social mediante una interfaz de programación cuya tarifa podría alcanzar los 100.000 dólares mensuales por suscriptor. Las organizaciones de noticias que presentaron la demanda afirman que el servicio transforma información relacionada con el trabajo del presidente en un producto comercial cuyo acceso prioritario se concede a quienes pueden pagarlo.
Trump es el mayor accionista y propietario con control efectivo de Trump Media & Technology Group, la empresa matriz de Truth Social. Según la demanda, el valor de la interfaz de programación se deriva de que las publicaciones pueden incluir anuncios sobre ataques militares, altos el fuego, aranceles, políticas migratorias y cambios importantes en la administración estadounidense.
El argumento del Gobierno y la comparación con los discursos de Roosevelt
El abogado del Departamento de Justicia Brantley Mayers defendió el modelo como una decisión comercial privada que no implica ningún conflicto. Comparó las publicaciones de Trump con los discursos radiofónicos de Franklin D. Roosevelt, conocidos como “fireside chats”, y afirmó que la cuenta del presidente cumple una función de servicio público sin dejar de tener carácter comercial.
Sin embargo, el juez federal Paul Oetken objetó la comparación con una pregunta directa: Roosevelt no cobraba por sus discursos radiofónicos. Mayers respondió que poseer radios en las décadas de 1930 y 1940 constituía una barrera de acceso, del mismo modo que algunas organizaciones de noticias actuales no pueden pagar entre 60.000 y 100.000 dólares por la interfaz de programación de Truth.
No se trata solo de una diferencia temporal
Durante la vista, Oetken preguntó si retrasar el acceso del público a una publicación por una fracción de segundo o menos causaba un perjuicio real al periodismo, señalando que la diferencia podía ser importante para los operadores algorítmicos, pero pequeña para una persona.
Sin embargo, los demandantes sostienen que el valor de la interfaz va más allá de la ventaja temporal. TMTG confirmó que grandes organizaciones de noticias están negociando la compra del acceso, mientras que Nikhel Sus, asesor jurídico principal de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), explicó que la interfaz ofrece un flujo legible por máquinas y un archivo histórico de todas las publicaciones de Trump. Esto permite a las organizaciones conservar un registro más fiable incluso si las publicaciones se eliminan posteriormente.
¿Qué podría cambiar en la práctica?
El núcleo del caso no se refiere únicamente a la velocidad de transmisión de la publicación, sino a la posibilidad de crear dos categorías de público ante información difundida por un presidente en el ejercicio de su cargo: organizaciones de noticias capaces de comprar un flujo estructurado y archivado, y el público general, que depende del acceso gratuito habitual. Las organizaciones demandantes afirman que este modelo podría otorgar a las redacciones capaces de pagar una ventaja directa, mientras que el Departamento de Justicia sostiene que TMTG tomó la decisión con fines comerciales y de manera independiente de Trump.
El juez no emitió una sentencia inmediata y se espera que decida por escrito si impedirá la venta del acceso a la interfaz durante el periodo en que Trump permanezca en el cargo. La importancia de la sentencia también se debe a la ausencia de un precedente claro de un presidente estadounidense que sea propietario de una empresa de medios capaz de obtener beneficios de anuncios presidenciales. La decisión determinará si esta interfaz se trata como un servicio comercial privado o como un canal vinculado a información gubernamental que debe estar disponible en condiciones iguales.