La policía de la capital coreana, Seúl, ha presentado cargos oficiales contra 80 propietarios de vehículos Tesla y ha incautado 21 dispositivos de modificación informática, tras utilizar herramientas de terceros ilegales para activar el sistema de Conducción Autónoma Total (Full Self-Driving - FSD) en modelos que no habían obtenido la aprobación regulatoria para operar dentro del país. Esta campaña se considera la mayor de su tipo a nivel mundial contra las herramientas de desbloqueo de software (Jailbreak) para redes de vehículos.
Mecanismo de piratería y elusión a través del bus CAN
Las investigaciones de seguridad aclararon que los sospechosos importaron las unidades de modificación digital desde China y Europa o las fabricaron localmente. Uno de los acusados, que trabaja en el campo de la tecnología de la información, logró fabricar su propio dispositivo utilizando un código fuente e instrucciones de programación publicadas en la plataforma GitHub. Estas unidades dependen de la conexión directa al bus de la red de área de control (CAN bus) dentro del vehículo para eludir los bloqueos de software regionales impuestos por Tesla.
El grupo se enfrenta a cargos de modificación no autorizada en virtud de la Ley de Gestión de Vehículos de Corea, que prohíbe cualquier cambio de software o hardware que afecte a la seguridad del vehículo. Las sanciones establecidas para estas infracciones ascienden a dos años de prisión o una multa de hasta 20 millones de wones coreanos (aproximadamente 15.000 dólares estadounidenses).
Complejidades regulatorias entre las fábricas estadounidenses y chinas
La razón principal de este fenómeno se debe a la brecha regulatoria en el mercado coreano; donde las autoridades permitieron la operación de un sistema FSD de dirección integrada a finales de 2025 exclusivamente en los modelos fabricados en Estados Unidos como Model S, Model X y Cybertruck, en virtud del tratado de libre comercio entre Washington y Seúl que exime a estos automóviles de ciertas pruebas de seguridad locales. Por el contrario, los modelos Model 3 y Model Y —que constituyen la gran mayoría de la flota de Tesla en Corea y se importan de la fábrica Giga Shanghai en China— no han obtenido las certificaciones de seguridad necesarias hasta el momento.
Los datos oficiales indican que aproximadamente entre el 80% y el 97% de los vehículos Tesla registrados en Corea del Sur no tienen derecho legal a operar el sistema, a pesar de que muchos de sus propietarios pagaron cantidades superiores a los 6.000 dólares para adquirir previamente el paquete de inteligencia artificial para la conducción autónoma, esperando su activación inmediatamente después de la compra.
Endurecimiento de la seguridad y respuesta técnica de Tesla
La policía coreana está cooperando actualmente con el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte y la Autoridad de Seguridad del Transporte para evaluar los riesgos técnicos, tras comprobarse riesgos relacionados con la lectura errónea del sistema de las condiciones de la carretera al ser eludido de forma ilegal. Por su parte, la empresa Tesla comenzó a desplegar desde el pasado mes de abril actualizaciones inalámbricas para detectar estos dispositivos y desactivar automáticamente el sistema en los vehículos modificados, notificando a los propietarios sobre la pérdida de la garantía y su asunción de la plena responsabilidad penal y civil en caso de que ocurra cualquier accidente.
¿Por qué importa esta noticia?
Este desarrollo revela un nuevo desafío de seguridad y tecnología al que se enfrenta la industria de los vehículos definidos por software (Software-Defined Vehicles); dado que cuando la legislación gubernamental se retrasa en mantenerse al día con las características disponibles en el hardware del vehículo, surge un mercado negro de dispositivos de modificación física. Este evento coloca a las empresas de automóviles ante la responsabilidad de redactar políticas claras para proteger las redes internas de los vehículos contra la piratería, y la necesidad de abordar las solicitudes de reembolso financiero o activación regional de las características por las cuales los clientes pagan sin poder utilizarlas mediante software.