El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó una sentencia definitiva que pone fin a la responsabilidad de las empresas tecnológicas por las violaciones de derechos humanos asociadas a la prestación de asistencia en abusos internacionales, al eliminar de forma efectiva la posibilidad de utilizar la Ley de Agravios a Extranjeros (Alien Tort Statute - ATS) en demandas civiles contra entidades comerciales.
Antecedentes del caso Cisco y el sistema del Escudo Dorado
El caso conocido como (Cisco Systems, Inc. v. Doe I) se remonta a 2011, cuando un grupo de practicantes de Falun Gong presentó una demanda contra Cisco Systems. Los demandantes acusaron a la empresa de desempeñar un papel fundamental en la construcción y despliegue del sistema de vigilancia y censura conocido como el Escudo Dorado o el Gran Firewall de China, el cual fue diseñado para permitir que el gobierno chino persiguiera a minorías y disidentes.
Los demandantes afirmaron que sufrieron detenciones y torturas en campos de trabajo forzado, y que sus datos privados, incluidos correos electrónicos y mensajes de texto, fueron interceptados por el sistema del Escudo Dorado y utilizados en su contra durante las sesiones de tortura e interrogatorio.
Anulación de la responsabilidad judicial en virtud de la ley ATS
La Ley de Agravios a Extranjeros (ATS) fue aprobada por el primer Congreso en 1789, otorgando a los tribunales federales estadounidenses jurisdicción para conocer de demandas civiles presentadas por extranjeros contra infractores del derecho de gentes o de los tratados de Estados Unidos. En precedentes judiciales como el caso (Sosa v. Alvarez-Machain) de 2004, el Tribunal Supremo reconoció que los tribunales podían admitir nuevas demandas basadas en normas internacionales específicas y universales.
Sin embargo, la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo revocaron esta tendencia en el caso Cisco, al considerar que los tribunales no tienen la autoridad para crear nuevas causas de acción legal para hacer cumplir el derecho internacional, y que la cuestión de crear una nueva responsabilidad judicial queda fuera del ámbito de competencia del poder judicial, lo que condujo necesariamente a la desestimación de las demandas de los civiles contra Cisco y a cerrar el capítulo de los litigios bajo esta ley.
¿Qué cambia en la práctica tras la sentencia?
Esta decisión histórica significa el cierre definitivo de cualquier demanda futura que utilice la ley ATS para exigir responsabilidades a las empresas tecnológicas estadounidenses por complicidad e instigación en violaciones de derechos humanos en el extranjero. Esto ocurre en un momento en que investigaciones periodísticas, incluida una elaborada por Associated Press que ganó un premio Pulitzer, han revelado la profundidad de la participación de las principales empresas tecnológicas estadounidenses en la construcción de infraestructuras digitales para aparatos de vigilancia gubernamental fuera de Estados Unidos.
Ante el vaciamiento de contenido de la ley ATS, organizaciones de derechos digitales, como la Fundación Frontera Electrónica (EFF), advierten de que las empresas estadounidenses disfrutan ahora de una inmunidad implícita que les permite desarrollar sistemas de vigilancia avanzados y tecnologías de inteligencia que conducen a graves violaciones de la privacidad y violencia física sin temor a persecución judicial, lo que ejerce una presión cada vez mayor sobre los legisladores del Congreso para que aprueben nueva legislación federal que colme este vacío legal.