Un juez federal falló a favor de Anthropic en su demanda contra el Departamento de Defensa de Estados Unidos y concluyó que designar a la empresa como «riesgo para la cadena de suministro» fue una medida de represalia ilegal y una violación de la protección que brinda la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. La designación se produjo después de que Anthropic informara al ejército estadounidense de que no quería que su tecnología se utilizara para la vigilancia masiva de personas dentro de Estados Unidos.
Según el artículo publicado por la Electronic Frontier Foundation (EFF), el objetivo de la designación era castigar a la empresa por su postura sobre los usos que consideraba inaceptables de su producto Claude. Esta designación, según la fuente, significa que el Gobierno y las empresas con las que trabaja no pueden utilizar los productos de Anthropic en proyectos gubernamentales, lo que la convirtió, en la práctica, en un intento de excluir a la empresa del mercado gubernamental por imponer restricciones al uso de su tecnología.
¿Cómo comenzó el conflicto?
En febrero de 2026, el Gobierno comenzó a amenazar a Anthropic con medidas punitivas a menos que retirara su postura contraria al uso de Claude para la vigilancia masiva de estadounidenses o para operar sistemas de armas autónomas. Finalmente, el Departamento de Defensa designó a la empresa como «riesgo para la cadena de suministro» después de que, según la fuente, se negara a permitir que los contratistas militares determinaran las restricciones aplicables al uso de sus productos.
La EFF se sumó a una coalición de organizaciones que presentaron escritos jurídicos de apoyo ante el tribunal, argumentando que el Departamento de Defensa había vulnerado los derechos de Anthropic consagrados en la Primera Enmienda. La organización celebra el fallo, pero aclara que el tribunal no resolvió la cuestión más amplia: si las decisiones de una empresa sobre cómo utilizar su tecnología constituyen por sí mismas un «discurso protegido».
¿Por qué importa este fallo?
La decisión establece límites al intento de utilizar una designación relacionada con la seguridad nacional para castigar a una empresa por una postura pública sobre usos tecnológicos que pueden afectar a derechos constitucionales. Para las empresas de inteligencia artificial que trabajan con el Gobierno, el caso demuestra que imponer restricciones al uso de los productos no proporciona automáticamente al Gobierno una base para castigar a la empresa o privarla de proyectos gubernamentales.
Sin embargo, la importancia del fallo no significa que el conflicto haya establecido definitivamente las reglas para el uso de la inteligencia artificial en la vigilancia o en las armas autónomas. Además, la fuente no ofrece detalles sobre el nombre del tribunal o del juez ni sobre el alcance de las medidas prácticas derivadas del fallo, por lo que sus efectos jurídicos completos aún requieren seguimiento.
El problema más amplio según la EFF
La EFF considera que el fallo aborda las represalias gubernamentales en este caso, pero no resuelve el problema de la ausencia de garantías legislativas claras para proteger la privacidad. La organización afirma que dejar las decisiones sobre la asistencia en la ejecución de la vigilancia masiva a la voluntad de empresas privadas, en lugar de adoptar normas aprobadas por el Congreso, no proporciona una protección estable a los ciudadanos.
La EFF añade que el fallo no significa que Anthropic u otras empresas no permitirán nunca que sus productos se utilicen para la vigilancia o el análisis de datos que afecten a personas dentro de Estados Unidos. El punto que destaca la organización es que el Gobierno no debería castigar a una empresa simplemente por tener preferencias o límites respecto de usos que considera inconstitucionales, y que las afirmaciones no respaldadas de que la empresa constituye un riesgo para la seguridad nacional no deberían convertirse en una justificación para las represalias.