Fundadores e inversores del sector tecnológico europeo advirtieron de que el proyecto EU Inc podría perder su utilidad si las negociaciones finales debilitan sus elementos fundamentales. El proyecto propone crear una forma jurídica europea unificada que permita a las empresas constituirse dentro de un único marco y operar en los 27 Estados miembros, en lugar de añadir un nuevo sistema sobre 27 sistemas nacionales separados.
La advertencia apareció en una carta dirigida a los responsables políticos de la Unión Europea y firmada por varios fundadores de empresas e inversores, entre ellos Daniel Ek, fundador de Spotify, Prima Materia y Neko Health; Arthur Mensch, cofundador y director ejecutivo de Mistral; y Jarek Kutylowski, cofundador y director ejecutivo de DeepL, además de representantes de Accel, Index Ventures, Atomico, Revolut, Collibra, Pigment y otras organizaciones.
La Comisión Europea presentó la propuesta EU Inc el 18 de marzo de 2026, después de una campaña popular que recibió el apoyo de más de 26.000 fundadores, inversores y líderes del sector tecnológico europeo. La propuesta incluye un marco común de derecho societario, la posibilidad de constituir una empresa completamente por vía digital en 48 horas, normas más flexibles para las empresas y un sistema europeo de opciones sobre acciones para empleados.
Cinco puntos que los firmantes quieren preservar
- Libertad para elegir el domicilio social: los fundadores deberían poder elegir el domicilio legal en cualquier Estado miembro sin estar obligados a trasladar allí sus operaciones, con pleno reconocimiento de las empresas EU Inc en el mercado único y sin discriminación contra ellas.
- Amplia disponibilidad de la forma jurídica: la campaña advierte contra limitarla a empresas innovadoras, sectores específicos o empresas por debajo de determinados umbrales de número de empleados o ingresos.
- Un único registro central: la carta reclama un registro europeo oficial y unificado, no simplemente una interfaz que conecte los registros nacionales, de modo que inversores, acreedores, bancos y organismos públicos puedan consultar el registro de una sola empresa que cumpla normas uniformes de conocimiento del cliente y titularidad real.
- Opciones sobre acciones uniformes: la campaña propone que el empleado no tribute hasta vender realmente las acciones, con una regla de valoración segura en el momento de conceder la opción, para evitar que se genere un impuesto sobre ganancias aún no realizadas.
- Continuidad de la aplicación local de las leyes laborales y fiscales: la protección de los empleados debe seguir vinculada a su lugar efectivo de trabajo, y las obligaciones fiscales deben reflejar el lugar de la actividad económica. La carta subraya que EU Inc es una simplificación del derecho societario, no un medio para eludir las obligaciones sociales o financieras nacionales.
¿Qué cambia en la práctica?
La importancia del proyecto, según los hechos recogidos en la carta y en la propuesta, reside en el intento de reducir la fricción jurídica y administrativa a la que se enfrentan las empresas cuando operan a través de las fronteras europeas. Sin embargo, la utilidad del marco dependerá de si ofrece un registro europeo real y normas aplicables, o si sigue ligado a excepciones nacionales y procedimientos paralelos.
Las negociaciones se aceleran cuando faltan 100 días para la fecha prevista. Está previsto que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo examine las enmiendas durante septiembre, mientras los representantes de los Estados miembros mantienen negociaciones técnicas como preparación para un debate ministerial en el Consejo de Competitividad durante el mismo mes. Una vez que el Parlamento y el Consejo hayan definido sus posiciones, tendrán que negociar un texto final común.
Lectura de certi.news: el cambio real aún no se ha decidido; la propuesta existe, pero su efecto práctico dependerá de la redacción del texto final. La carta muestra que los puntos de desacuerdo no se refieren únicamente a la velocidad del registro digital, sino también al grado de unificación del registro, la amplitud del ámbito de elegibilidad y la compatibilidad del sistema con las leyes laborales y fiscales de los países donde operan los empleados y las empresas. Por ello, el resultado sigue abierto hasta que concluyan las negociaciones entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros.