Grupos de presión que representan a empresas de cable, entre ellas Comcast, Charter y Cox, se preparan para demandar a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) con el objetivo de impedir la eliminación de la norma nacional de propiedad de estaciones de televisión. La norma impedía que cualquier empresa de radiodifusión llegara a más del 39% de los hogares con televisión en Estados Unidos.
Los grupos presentaron una solicitud ante la comisión para mantener temporalmente el límite hasta que se resuelva la disputa legal sobre la autoridad de la agencia para eliminarlo. Se espera que acudan a un tribunal federal de apelaciones después de que la decisión de eliminación se publique en el Registro Federal y que luego soliciten una medida cautelar preliminar para mantener vigente la norma mientras se examina el caso.
El núcleo de la disputa legal
La FCC votó el 6 de agosto para eliminar la norma, pero publicó la decisión final el 1 de octubre tras un retraso inusual. Los solicitantes sostienen que el Congreso estableció expresamente el límite del 39% en la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2004, en respuesta a un intento anterior de la comisión de elevar el límite al 45%. Según su postura, la eliminación requiere una nueva intervención legislativa y no puede realizarse mediante una decisión regulatoria unilateral.
La comisión, por su parte, afirma que la ley le ordenó modificar sus normas y no estableció el límite como un tope fijo dentro del propio texto legal. Considera que tiene autoridad, e incluso la obligación, de reevaluar o eliminar la norma si ya no sirve al interés público. La comisión también interpreta que las restricciones relativas a las revisiones periódicas de las normas de propiedad de los medios de comunicación no le impiden tomar la decisión fuera de esas revisiones.
¿Por qué importa esta disputa?
Los grupos del sector del cable consideran que la expansión de los grupos de estaciones de radiodifusión les daría mayor poder para exigir tarifas elevadas a los proveedores de televisión por retransmitir los canales, lo que podría repercutir en las facturas mensuales de los consumidores. Basan esta afirmación en una disputa existente sobre la operación entre Nexstar Media Group y Tegna, que habría alcanzado al 80% de los hogares con televisión estadounidenses, o al 54,5% al aplicar el denominado descuento UHF.
Un juez federal había ordenado a las dos empresas detener la integración de sus activos y operaciones mientras continúa la demanda antimonopolio presentada por DirecTV. Los grupos del sector del cable sostienen que la sentencia concluyó que la operación podría provocar un aumento de las tarifas de retransmisión, y consideran que este caso es un indicio de efectos más amplios que podrían derivarse de la eliminación del límite.
Una disputa más amplia sobre la concentración de los medios
La amenaza de emprender acciones legales no se limita al sector del cable; el grupo Free Press declaró, tras la votación de agosto, que se uniría a aliados para impugnar la decisión. El grupo teme que la eliminación del límite permita a un pequeño número de propietarios controlar más estaciones, con una reducción de los puestos de trabajo de periodistas y un deterioro de la calidad del contenido local; se trata de preocupaciones atribuidas a su postura y no de un resultado concluyente del caso.
El presidente de la FCC, Brendan Carr, propone sustituir el límite general por una revisión de cada operación por separado, de modo que la comisión apruebe las fusiones que considere de interés público y rechace las demás. Sin embargo, este modelo deja un amplio margen a la discreción de la agencia, mientras las cuestiones sobre su autoridad legal y el impacto de la concentración en los precios y la diversidad de los medios siguen pendientes ante los tribunales.