Aumenta la tensión entre la empresa Flock Safety, especializada en tecnologías de vigilancia, y varios municipios estadounidenses que han decidido rescindir sus contratos con la compañía. Informes recientes revelan dificultades procedimentales y técnicas que enfrentan las ciudades al intentar deshacerse de los sistemas de reconocimiento automático de matrículas (ALPR) de la empresa.
Ignorar las solicitudes de cancelación
En la ciudad de Plymouth, Minnesota, el consejo municipal votó en septiembre pasado a favor de terminar el contrato con Flock Safety; sin embargo, la empresa no respondió a las solicitudes de la ciudad para retirar los dispositivos. Tras pasar más de un mes sin respuesta ni acción por parte de la empresa, el jefe de policía, Erik Fadden, tuvo que intervenir personalmente y ordenar a su equipo que desconectara los cables de alimentación de las cámaras para asegurar que dejaran de funcionar y grabar.
Reactivación no autorizada
En un incidente separado en la ciudad de Dayton, en el mismo estado, las autoridades locales enfrentaron un desafío mayor; a pesar de que la empresa reconoció la solicitud de cancelación y estableció un plazo de 60 días para retirar los equipos, la compañía reactivó dos cámaras dentro de los límites de la ciudad sin permiso, ignorando una solicitud explícita de la policía local de no ejecutar ninguna orden de trabajo. El gobierno local de Dayton documentó este incidente a través de redes sociales, confirmando que las cámaras fueron puestas nuevamente en servicio a pesar de las instrucciones expresas de la ciudad de detener el programa.
¿Qué significa esto para los usuarios y las entidades gubernamentales?
Estos incidentes plantean preguntas fundamentales sobre el control de las entidades gubernamentales sobre la infraestructura técnica gestionada por empresas privadas. Para las ciudades, el asunto no se limita simplemente a cancelar un contrato, sino que se extiende a garantizar la detención efectiva de los sistemas que recopilan datos sensibles. Estos desarrollos subrayan la importancia de contar con cláusulas contractuales estrictas que garanticen los derechos de la parte gubernamental para recuperar el control total de los dispositivos y datos inmediatamente después de finalizar la relación contractual, evitando depender de la respuesta voluntaria de la empresa para detener los sistemas.
Por su parte, un portavoz de Flock Safety declaró que la empresa respeta las decisiones de las ciudades y trabaja con sus clientes para retirar las cámaras, sin ofrecer una explicación técnica o procedimental clara sobre las razones que llevaron al retraso en la retirada o a la reactivación no autorizada en los casos mencionados.