India avanza hacia una reformulación del modelo de negocio de la red de pagos instantáneos UPI mediante una nueva legislación que podría allanar el camino para imponer comisiones a algunas transacciones realizadas por comerciantes. La legislación no impone comisiones directamente ni especifica todavía qué tipos de transacciones se verían afectados, pero establece la base legal para una posible revisión del sistema de tasa de descuento comercial cero vigente desde enero de 2020.
En virtud de este sistema, las empresas no pagan comisiones por aceptar pagos mediante UPI, una política que India adoptó para acelerar la expansión de la red. En lugar de las comisiones a los comerciantes, el funcionamiento y el desarrollo de la red se han basado en incentivos gubernamentales, mientras aumentaban los volúmenes de transacciones y los costes de infraestructura.
Una red de gran alcance y costes crecientes
UPI se ha convertido en una parte esencial del sistema de pagos de India. Según datos de la Corporación Nacional de Pagos de India (NPCI), que opera la red, UPI procesó durante julio una cifra récord de 23.660 millones de transacciones, por un valor total de 29,88 billones de rupias, unos 313.400 millones de dólares.
El movimiento legislativo llega después de años de debate entre el Ministerio de Finanzas, el banco central y las empresas de pagos sobre la mejor manera de financiar la red de rápido crecimiento. Los bancos y las empresas de tecnología financiera consideran que mantener gratuitos los pagos de los comerciantes se ha vuelto más difícil a medida que aumenta la inversión necesaria en infraestructura.
Amrish Rau, director ejecutivo de la empresa de tecnología financiera Pine Labs, afirmó en una publicación en la plataforma X que alcanzar una penetración del 90% y expandir UPI a escala mundial requerirá que las empresas emergentes, las compañías de tecnología financiera y los bancos continúen invirtiendo en tecnología de la información, innovación y ciberseguridad. Añadió que permitir al sector recuperar parte de estas inversiones de los comerciantes, manteniendo gratuitos los pagos de los consumidores y los pagos entre particulares, podría hacer más sostenible el modelo de UPI.
Ingresos potenciales de las transacciones de mayor valor
Los analistas del mercado creen que la legislación podría representar el primer paso hacia una nueva fuente de ingresos para el sector de pagos indio. Jefferies estimó en un informe publicado el martes que cobrar comisiones por las transacciones de mayor valor podría generar ingresos adicionales de entre 50.000 millones y 100.000 millones de rupias al año, unos 525 millones de dólares a 1.050 millones de dólares, para el año fiscal 2028, suponiendo comisiones de entre 15 y 30 puntos básicos.
El periódico Economic Times informó el mes pasado de que los responsables estudian limitar cualquier comisión a los comerciantes de mayor tamaño, en lugar de aplicarla a todas las transacciones de UPI. Según un informe de Bernstein, este enfoque podría preservar el modelo de la red favorable al consumidor y, al mismo tiempo, crear una nueva fuente de ingresos para los bancos y las empresas de pagos. El informe señaló que las transacciones superiores a 2.000 rupias, unos 21 dólares, representan solo cerca del 4% del número total de transacciones, pero suponen aproximadamente el 70% de su valor.
Posible impacto en los principales actores y en la expansión internacional
Los detalles de la legislación serán objeto de un estrecho seguimiento en los países donde UPI ya está disponible, entre ellos Singapur, los Emiratos Árabes Unidos y Francia. El cambio también podría tener un efecto particular en las empresas que dominan el mercado indio de pagos digitales: PhonePe, propiedad de Walmart, y Google Pay, de Alphabet, concentran conjuntamente alrededor del 80% de los volúmenes de transacciones de UPI, según datos de NPCI.
Sin embargo, el alcance del beneficio para ambas empresas o para el resto de los participantes del ecosistema no se determinará hasta conocer cómo se distribuirán las posibles comisiones futuras entre los bancos, las aplicaciones de pagos y las demás partes. Por ello, la legislación abre la puerta a un posible cambio, pero todavía no anuncia comisiones efectivas ni un calendario para su aplicación.