La Casa Blanca emitió el 20 de agosto una política nacional actualizada de transporte espacial destinada a permitir que Estados Unidos apoye al menos 1.000 operaciones de lanzamiento y reentrada anuales desde sus instalaciones para 2030. Este objetivo se compara con algo menos de 200 lanzamientos realizados por vehículos propiedad de entidades estadounidenses durante 2025, lo que refleja la magnitud del aumento que la política busca absorber.
El documento subraya la necesidad de que Estados Unidos cuente con capacidades de transporte espacial que garanticen el acceso a una amplia gama de órbitas y destinos relevantes para sus intereses, desde los vuelos suborbitales y la órbita terrestre muy baja hasta la superficie de la Luna, los puntos de Lagrange y el espacio profundo. Esta es la primera revisión de la política nacional desde 2013.
El foco en las instalaciones, no solo en los vehículos
El eje principal consiste en aumentar la capacidad de la infraestructura para gestionar lanzamientos y reentradas, y no únicamente en desarrollar vehículos de lanzamiento. La política exige al Departamento de Defensa y a la NASA, que administran los campos de lanzamiento federales, evaluar periódicamente oportunidades para mejorar las instalaciones de lanzamiento y reentrada y facilitar el acceso a ellas, incluida la posibilidad de desarrollar algunas de estas instalaciones conjuntamente con el sector privado.
También instruye al Departamento de Defensa, la NASA y el Departamento de Transporte a colaborar con los gobiernos estatales y las autoridades locales para identificar posibles ubicaciones para instalaciones de lanzamiento adicionales, o para desarrollar y mejorar la infraestructura existente. El documento no especifica si los nuevos sitios serán campos federales o puertos espaciales administrados por otras entidades.
En un plazo de 180 días, el Departamento de Defensa, la NASA y otras agencias deberán establecer criterios para programar el uso de las instalaciones federales de lanzamiento, con el objetivo de aprovecharlas mejor tanto para operaciones comerciales como gubernamentales. Las medidas requeridas incluyen mejorar la integración de los lanzamientos en el sistema nacional del espacio aéreo y asignar corredores aéreos prioritarios para operaciones de lanzamiento críticas.
Nuevos sitios para la reentrada de vehículos
La política pide al Departamento del Interior que, en colaboración con otras entidades gubernamentales, identifique en un plazo de 90 días terrenos federales que puedan utilizarse como un sitio federal adicional de reentrada. A continuación, se elaborarán criterios de seguridad y un plan de desarrollo que permita el acceso comercial al sitio.
Esta medida aborda la escasez de sitios de reentrada a la que se han enfrentado empresas del sector. Tras las dificultades para utilizar el campo de pruebas y entrenamiento de Utah durante sus primeras misiones de reentrada, Varda Space Industries eligió un sitio comercial en Australia para misiones posteriores. Otras empresas también recurrieron a Australia o a la recuperación en el océano, pese a los costes adicionales y las complejidades logísticas que ello implica.
¿Qué cambia en la práctica?
Si las directrices se ejecutan conforme a los plazos establecidos, el cambio más importante será la ampliación de la capacidad de las instalaciones estadounidenses para recibir operaciones de lanzamiento y reentrada, junto con la reducción de los cuellos de botella relacionados con la programación, el espacio aéreo y los sitios de aterrizaje o recuperación. Esto afecta tanto a los operadores comerciales como a las entidades gubernamentales, porque la política vincula el aumento del ritmo de operaciones con el uso de instalaciones compartidas y la mejora del acceso a ellas, en lugar de centrarse únicamente en los vehículos.
Apoyo a la industria y los servicios comerciales
La política instruye a la Oficina de Política Científica y Tecnológica a coordinar, en un plazo de 180 días, una estrategia para la base industrial del transporte espacial, con el objetivo de apoyar una industria vital, competitiva y resiliente, prestando especial atención al desarrollo de la fuerza laboral. También exige revisar las políticas y los programas de exportación en un plazo de 120 días y, posteriormente, cada dos años, para apoyar a la industria estadounidense de lanzamientos, incluido el estudio del uso de instalaciones estadounidenses por parte de proveedores de lanzamiento extranjeros.
El documento reafirma la directiva de que el Gobierno lance sus cargas útiles en vehículos estadounidenses, con excepciones limitadas, como los acuerdos de cooperación internacional que proporcionen lanzamientos sin intercambio de dinero. También pide utilizar servicios comerciales de lanzamiento cuando sea posible y que el Departamento de Defensa y la NASA coordinen la adquisición de estos servicios.
Algunas disposiciones van más allá de la órbita terrestre, ya que piden a la NASA ampliar el transporte espacial comercial para incluir una infraestructura logística de acceso a la superficie de la Luna y regreso desde ella, e incluso estudiar infraestructuras comerciales para enviar seres humanos a la superficie de Marte y devolverlos a la Tierra. Asimismo, el Departamento de Defensa deberá estudiar servicios de transporte dentro del espacio, como el mantenimiento de satélites, al diseñar arquitecturas de misión, y apoyar conceptos de lanzamiento rápido, receptivo y resiliente.
La política se enmarca en una serie de medidas estadounidenses anteriores; una orden ejecutiva emitida hace un año pidió un aumento considerable del ritmo de los lanzamientos comerciales para 2030. El 30 de julio, la Administración Federal de Aviación publicó una norma propuesta para eximir a las licencias de lanzamiento y a los puertos espaciales de 13 leyes y reglamentos ambientales federales, mientras el periodo de comentarios continúa hasta finales de agosto. La política espacial nacional publicada por la Administración Trump en diciembre también incluía el objetivo de aumentar el ritmo de los lanzamientos y las reentradas mediante instalaciones nuevas y modernizadas y una mayor eficiencia y reforma regulatoria.