El Consejo Constitucional francés anuló una legislación que habría prohibido el uso de las redes sociales a las personas menores de 15 años, una prohibición cuya entrada en vigor estaba prevista para enero de 2027. La decisión se produjo tras examinar la compatibilidad de la ley con la Constitución francesa, especialmente en lo relativo a la libertad de expresión y comunicación y al derecho a la vida privada.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) presenta la decisión como una victoria para la libertad de expresión, en un artículo de opinión publicado el 26 de agosto de 2026. La organización considera que el asunto no afecta únicamente a los menores, porque la aplicación de la prohibición habría condicionado el acceso a las plataformas a procedimientos de verificación que afectarían a todos los usuarios, incluidos los adultos.
¿Por qué rechazó el Consejo Constitucional la ley?
El Consejo se centró en que la prohibición general para los menores de 15 años restringe la libertad de expresión y comunicación de una manera que no cumple los criterios de adecuación, necesidad y proporcionalidad impuestos por el capítulo 34 de la Constitución francesa. También observó que la legislación no distinguía entre los distintos tipos de servicios digitales ni tenía en cuenta las circunstancias individuales de los usuarios, como la edad exacta, el grado de madurez y la situación familiar.
Según la EFF, este punto es importante porque una prohibición general podría bloquear espacios digitales que desempeñan funciones que van más allá del entretenimiento. Algunos jóvenes, especialmente quienes pertenecen a grupos marginados o a la comunidad LGBTQ+, podrían depender de estas plataformas para acceder a noticias e información sanitaria, encontrar comunidades de apoyo y explorar sus identidades. La organización afirma que aislarlos digitalmente podría privarlos de recursos que no están fácilmente disponibles en su entorno inmediato.
La EFF también critica ignorar la preferencia que atribuye a los propios jóvenes por soluciones basadas en la alfabetización digital y la educación, en lugar de la vigilancia y el control gubernamentales. Añade que prohibir las plataformas podría debilitar el anonimato en internet, un elemento que, a su juicio, protege a denunciantes, periodistas, activistas y migrantes.
La verificación de edad también afecta a los adultos
El Consejo también objetó el requisito de demostrar la edad antes de permitir que cualquier persona, incluidos los adultos, accediera a las redes sociales. Consideró que esta condición afecta al derecho a la vida privada reconocido en el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
En la práctica, normas de este tipo podrían llevar a las plataformas a solicitar documentos oficiales de identidad, imágenes faciales u otros datos sensibles. Si se exigiera el consentimiento parental, las empresas podrían recopilar datos adicionales sobre los progenitores. La EFF considera que ampliar el alcance de estos datos vincula la protección de los menores con una infraestructura de verificación y vigilancia que abarcaría a toda la sociedad, y no solo al grupo de edad destinatario.
La organización también señala que los sistemas de verificación de edad pueden equivocarse al identificar a personas con discapacidad, personas trans o personas que no se ajustan a las normas de género cuando su apariencia no coincide con las fotografías de sus documentos, y que también podrían provocar la exclusión de personas de distintas razas. Estos son riesgos que la EFF plantea en el contexto de su argumentación, pero la fuente no ofrece detalles estadísticos para medir su magnitud.
¿Qué cambia en la práctica?
La decisión del Consejo no significa el fin del esfuerzo legislativo francés. El presidente francés, Emmanuel Macron, encargó al primer ministro, Sébastien Lecornu, reformular la ley con el objetivo de llegar a una versión «jurídicamente sólida». Por tanto, el desarrollo actual consiste en la anulación del texto presentado, no en la resolución del debate político sobre la restricción del acceso de los menores a las plataformas.
El impacto de la decisión se extiende al debate europeo. La Comisión Europea está trabajando en un proyecto de ley que impondría restricciones de acceso a escala de la Unión Europea, y esas restricciones podrían requerir mecanismos de verificación de edad. La EFF advierte de que la Cartera Europea de Identidad Digital y la aplicación de «verificación ligera» de la edad, aunque se presentan como opciones que protegen la privacidad, plantean, en su opinión, serias cuestiones relacionadas con la privacidad y la seguridad.
La lectura de certi.news
El valor real de la sentencia no reside únicamente en rechazar una prohibición concreta, sino en mostrar que el diseño de la política digital no puede separar la protección de los menores de los derechos del resto de los usuarios. Cualquier solución basada en la demostración de la edad puede cambiar la naturaleza del acceso a internet y aumentar la cantidad de datos que las plataformas, el Estado o terceros encargados de la verificación deben gestionar.
Por otro lado, la fuente no demuestra que una prohibición alternativa o la verificación de edad sean técnicamente imposibles, ni presenta detalles sobre la fórmula que Francia podría adoptar posteriormente. La cuestión abierta es si la reformulación abordará realmente las objeciones sobre proporcionalidad y privacidad, o si volverá a plantear el mismo objetivo mediante un mecanismo de verificación diferente. El mensaje confirmado por la decisión, según la exposición de la EFF, es que proteger a los jóvenes no otorga automáticamente un mandato para ampliar la vigilancia ni reducir la libertad de expresión de todos.