Los estados de Texas y Florida adoptaron, con pocos días de diferencia, dos medidas para limitar la expansión de las redes automatizadas de lectura de matrículas (ALPR), en un movimiento que la Electronic Frontier Foundation (EFF) considera una victoria parcial para los esfuerzos contra la vigilancia masiva. Sin embargo, las dos decisiones no detienen por completo el uso de estos sistemas, porque una gran parte de ellos queda fuera del alcance de las entidades incluidas en las órdenes.
Dos decisiones a nivel estatal
El 28 de agosto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una directiva que prohíbe a las agencias estatales gastar fondos públicos en cámaras de Flock. La decisión coincidió con la preparación de una investigación de The Texas Tribune que informó de que una agencia estatal había transferido discretamente al menos 30 millones de dólares para construir una amplia red de vigilancia.
El 31 de agosto, el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) emitió un memorando anunciado por el gobernador Ron DeSantis, que ordenó retirar todos los sistemas ALPR existentes dentro del derecho de paso de las autopistas estatales en un plazo de 30 días. El memorando también anuló los permisos anteriores para instalar estos sistemas y prohibió a los funcionarios de transporte emitir nuevos permisos para ellos.
El FDOT justificó la medida por lo que describió como el aumento exponencial reciente de la instalación de cámaras en las carreteras, junto con informes preocupantes sobre usos indebidos, inquietudes relativas a la privacidad de los datos y planes de vigilancia. Funcionarios del departamento afirmaron que estos factores exigían una acción inmediata para proteger la soberanía y la calidad de vida de los residentes de Florida. Tras la publicación del memorando, gobiernos locales del estado cancelaron o suspendieron sus contratos con proveedores de estos sistemas.
¿Qué cambia en la práctica?
El cambio directo en Florida afecta únicamente a las cámaras situadas en las autopistas estatales. Los sistemas instalados en calles de las ciudades, carreteras de los condados, entradas de viviendas y aparcamientos de centros comerciales no están incluidos en la decisión del FDOT. Del mismo modo, la directiva de Texas impide que las agencias estatales utilicen sus fondos para comprar cámaras de Flock, pero deja a las entidades locales la posibilidad de financiar su instalación con fondos municipales y de los condados, o con fondos federales y privados.
La EFF señala que estos límites son importantes al evaluar el efecto de las dos decisiones. Ambas detienen vías específicas de financiación y permisos, pero no establecen una prohibición general de recopilar o conservar datos sobre los desplazamientos de los vehículos. La fuente tampoco aclara si las decisiones impondrán nuevas restricciones al almacenamiento, la compartición o el periodo de conservación de los datos.
¿Por qué importa este avance?
La importancia de ambas medidas, según la interpretación de la EFF, reside en que demuestran la capacidad del poder ejecutivo para reducir con relativa rapidez la expansión de las tecnologías de vigilancia mediante decisiones sobre financiación y permisos, en lugar de esperar a que se aprueben leyes prolongadas o se dicten resoluciones judiciales. Esto ocurre después de años de campañas locales que llevaron a decenas de ciudades a romper sus relaciones con empresas de vigilancia. Según algunos indicadores citados por la organización, tres jurisdicciones locales rescindieron contratos con Flock cada día, en promedio, durante los últimos 30 días.
Sin embargo, esta interpretación refleja la postura de la EFF contra la vigilancia masiva y no constituye un resultado neutral y demostrado de todos los efectos de las decisiones. La fuente también insta al gobernador de California, Gavin Newsom, y al Departamento de Transporte del estado a adoptar medidas similares, empezando por retirar los sistemas ALPR instalados por la U.S. Border Patrol y la Drug Enforcement Administration en las autopistas de California.
Limitaciones y preguntas abiertas
La EFF define la vigilancia masiva mediante ALPR como la recopilación continua y no selectiva de los datos de ubicación de todos los conductores y su conservación, independientemente de que exista sospecha alguna. La organización considera que este tipo de vigilancia no debería continuar, pero reconoce que las medidas de Texas y Florida son solo un primer paso. Su efecto final seguirá dependiendo de la capacidad de los gobiernos locales para continuar utilizando otras fuentes de financiación y de si posteriormente se adoptan normas aplicables y exigibles sobre el acceso a los datos, su uso y su conservación.