David Siegel, autor invitado y socio de Grellas Shah LLP, sostiene que el modelo de adquisición de acciones de los fundadores de cuatro años con un periodo de carencia de un año se ha convertido en un estándar común en las startups respaldadas por capital riesgo, pero no aborda adecuadamente lo que ocurre cuando uno de los fundadores se marcha o deja de desempeñar su cargo.
El problema, según plantea Siegel, es que el fundador que se marcha puede conservar una participación permanente y considerable, que en los ejemplos que cita puede alcanzar el 15% o el 20% de la empresa. Una vez adquiridas estas acciones, el modelo tradicional no proporciona un mecanismo contractual claro para recuperarlas. El resultado es lo que el autor denomina «peso muerto en la tabla de capitalización»: una participación propiedad de alguien que ya no participa en la construcción de la empresa, pero que sigue influyendo en la financiación, la gobernanza y el rendimiento final.
¿Cómo afecta la participación a la empresa?
Siegel identifica tres consecuencias prácticas de esta situación. En primer lugar, la moral del equipo restante puede verse perjudicada cuando trabaja durante años para lograr una adquisición o una oferta pública inicial, sabiendo que una parte importante del rendimiento irá a un fundador que ya no participa en el trabajo. En segundo lugar, las rondas de financiación y la ampliación de los programas de opciones se vuelven más complejas, porque el número de acciones en circulación incluye la participación del fundador que se marchó, lo que puede hacer que crear un nuevo fondo de opciones resulte más costoso en términos de dilución.
La tercera consecuencia se refiere al voto y al control. Un fundador que conserva una participación considerable puede tener que firmar documentos de inversión o decisiones relativas a los accionistas, aunque sus prioridades temporales o su tolerancia al riesgo difieran de las del equipo activo.
Los inversores están menos dispuestos a aceptar el problema
El autor afirma que, hace entre cinco y diez años, los inversores estaban más dispuestos a aceptar que un fundador que se marchaba conservara una participación del 5%, el 10% o incluso el 20%. Sin embargo, añade que muchos inversores nuevos quieren que la participación del fundador anterior no supere el 2,5% de la tabla de capitalización.
La ausencia de un mecanismo de recuperación acordado de antemano lleva a buscar soluciones alternativas después de la salida. Siegel describe presiones para renunciar a las acciones, intentos de recurrir a los inversores o de influir en la reputación profesional y, posteriormente, demandas judiciales que aparentemente pueden versar sobre propiedad intelectual o confidencialidad, aunque el objetivo práctico, en su opinión, sea recuperar las acciones. Señala que estas demandas pueden costar cientos de miles de dólares.
¿Qué propone el autor?
Siegel divide las soluciones en dos ámbitos. El primero es el control y los derechos de voto, que considera relativamente más sencillos. Los documentos constitutivos podrían disponer la retirada de los derechos de voto cuando el fundador se marche, u obligarle a otorgar un poder de voto al director ejecutivo actual, junto con una cláusula obligatoria de adhesión a operaciones de venta o rondas de inversión. También plantea la posibilidad de crear una clase de acciones sin derechos de voto para los fundadores que se marchen y otros proveedores de servicios.
Considera que el aspecto económico es más difícil. Propone ampliar el periodo de adquisición a cinco o seis años, con una distribución desigual que concentre un porcentaje mayor de la adquisición en los últimos años de servicio; menciona el ejemplo de conceder un 5% en el primer año y un 10% en el segundo. También propone acordar previamente un mecanismo y un precio para recomprar las acciones adquiridas después de la terminación de la relación, con la posibilidad de dejar al fundador un mínimo permanente del 2%.
Otra alternativa consiste en vincular la cantidad de acciones conservadas al momento de la salida: si la empresa se vende tres meses después de la salida del fundador, este conserva una participación que refleje el valor que contribuyó a construir, mientras que dicha participación puede disminuir automáticamente si la venta se produce años después de su salida. El autor también propone convertir automáticamente las acciones del fundador que se marcha en una clase separada sin derechos de voto y con derechos económicos reducidos.
¿Por qué importa este debate?
La principal conclusión del planteamiento de Siegel es que la tabla de adquisición no es simplemente una cláusula administrativa para distribuir la propiedad entre los fundadores, sino un mecanismo que posteriormente influye en la capacidad de la empresa para obtener financiación, tomar decisiones y evitar disputas. Por ello, trasladar el problema a la etapa de la salida puede ser demasiado tarde, especialmente cuando los documentos originales no incluyen un mecanismo claro para tratar las acciones adquiridas.
El autor advierte específicamente que los fundadores minoritarios pueden ser quienes estén más expuestos a intentos de recuperar sus participaciones. Por ello, les insta a negociar, antes de firmar, una indemnización por terminación acordada, una definición clara de los casos de «causa» que justifican la terminación y protección para la aceleración de la adquisición. Estas propuestas siguen siendo la opinión jurídica y analítica del autor, no una fórmula uniforme para todas las empresas; además, el texto disponible no especifica la jurisdicción ni ofrece redacciones contractuales detalladas, por lo que resulta esencial consultar a un abogado especializado antes de adoptar cualquier cláusula.